La Justicia Federal de La Plata procesó a Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado y su relación con al menos 90 muertes. Ambas quedaron sin prisión preventiva, pero fueron embargadas por $500.000 millones y tienen prohibido salir del país.
La investigación judicial por el fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo con el procesamiento de dos exfuncionarias que ocupaban cargos centrales dentro del organismo encargado de controlar los medicamentos en Argentina. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a Nélida Agustina Bisio, quien fue titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y a Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname). Ambas fueron consideradas, según la resolución judicial, partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales. La causa investiga la muerte de al menos 90 pacientes que recibieron el fentanilo contaminado, además de decenas de personas que sufrieron lesiones de distinta gravedad.
La resolución representa un avance significativo porque, por primera vez, la investigación alcanza directamente a exautoridades que tenían responsabilidades vinculadas con la vigilancia y el control sanitario de los laboratorios involucrados. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal recogida en el expediente, HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., empresas controladas por el grupo familiar de los hermanos García Furfaro, arrastraban antecedentes de incumplimientos y problemas relacionados con las buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Los investigadores buscan determinar si determinadas decisiones, omisiones o demoras de funcionarios públicos permitieron que esas compañías continuaran funcionando a pesar de las irregularidades que habían sido detectadas previamente.
Según la resolución del juez Kreplak, las dos exfuncionarias habrían tenido conocimiento de las irregularidades existentes y, pese a ello, no habrían adoptado todas las medidas que las normas les imponían. La acusación judicial sostiene que esa conducta permitió que el medicamento cuestionado continuara circulando y llegara a establecimientos sanitarios. En el caso de Bisio, el magistrado puso especialmente el foco en lo que calificó como un insuficiente ejercicio del poder de policía sanitario durante su gestión al frente de la Anmat. Se trata de una imputación de enorme gravedad, aunque el procesamiento constituye una instancia dentro de una investigación penal que todavía continúa y en la que las responsabilidades deberán ser determinadas definitivamente mediante las etapas posteriores del proceso.
Uno de los elementos señalados por el magistrado está relacionado con una reunión realizada el 14 de enero de 2025 entre representantes de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo y autoridades de la Anmat. Según la investigación, ese encuentro se produjo mientras los laboratorios ya estaban bajo observación por distintas irregularidades. La resolución judicial sostiene que no quedó un registro oficial de aquella reunión y que las dos exfuncionarias inicialmente omitieron mencionarla. Para Kreplak, ese episodio constituye uno de los elementos que deben ser analizados para establecer cómo se tomaron determinadas decisiones administrativas y si existió un apartamiento de los procedimientos establecidos para el control sanitario de los establecimientos farmacéuticos.
Otro de los puntos centrales de la acusación está relacionado con una carta de advertencia dirigida a HLB Pharma. De acuerdo con la resolución judicial, ese documento debía contener una prohibición expresa para que determinados medicamentos no fueran comercializados, pero la advertencia finalmente no habría sido suscripta de la manera correspondiente. Para el juez, esa omisión tuvo relevancia dentro de la secuencia de hechos investigada porque habría contribuido a que el laboratorio pudiera continuar con su actividad. La Justicia intenta establecer así si las decisiones adoptadas dentro de la estructura de control sanitario fueron suficientes y si las autoridades responsables actuaron conforme a las obligaciones que tenían frente a los antecedentes registrados por las empresas.
El caso se inició públicamente el 13 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso inusual entre pacientes que habían recibido fentanilo de la marca HLB. Los estudios posteriores identificaron la presencia de bacterias en las ampollas del medicamento y microorganismos similares en muestras de pacientes que habían desarrollado infecciones graves en distintos establecimientos hospitalarios. La investigación judicial avanzó posteriormente sobre los lotes distribuidos y sobre las empresas responsables de su elaboración y comercialización. Con el paso de los meses, el expediente incorporó cientos de legajos e incidentes, además de historias clínicas y documentación vinculada con los pacientes afectados.
La dimensión de la causa continúa siendo objeto de análisis judicial. Si bien existen referencias a más de 110 posibles víctimas fatales dentro de la investigación general, el procesamiento de las dos exfuncionarias contempla inicialmente 90 muertes y decenas de víctimas que sufrieron lesiones. MinutoUno señala que el expediente acumula más de 400 legajos e incidentes en trámite y alrededor de 600 cuerpos, sin contabilizar las historias clínicas que también son examinadas por los investigadores. La Justicia deberá continuar determinando, caso por caso, la relación entre la administración del medicamento contaminado, las infecciones producidas y las consecuencias sufridas por cada paciente, además de establecer las responsabilidades individuales que correspondan.
El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva. Sin embargo, Kreplak dispuso medidas patrimoniales y cautelares de fuerte impacto: un embargo de $500.000 millones para cada una de las exfuncionarias, la inhibición general de bienes y la prohibición de salir del país, medida que ya había sido establecida cuando ambas recuperaron la libertad después de ser detenidas y prestar declaración indagatoria. Bisio permaneció al frente de la Anmat hasta enero de 2026, mientras que Mantecón Fumadó había dejado su cargo en agosto de 2025, en medio de la crisis provocada por el fentanilo contaminado. La investigación continúa y deberá determinar en las próximas etapas si las acusaciones formuladas contra ambas se sostienen hasta una eventual instancia de juicio.
Fuente: MinutoUno
