Ambientalistas y excombatientes presentaron una acción judicial para intentar detener el desarrollo del proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación reclama suspender las obras y su financiamiento y advierte por los posibles impactos ambientales y por la cuestión de la soberanía argentina sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.
La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) presentaron ante el Juzgado Federal de Río Grande una acción preventiva de daño ambiental colectivo contra las empresas Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum Development, de origen israelí. El objetivo de la presentación es frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, sobre un área de la plataforma continental que la Argentina considera parte de su territorio.
Las organizaciones solicitaron específicamente la suspensión de las obras, las perforaciones y cualquier movimiento del lecho marino asociado con el emprendimiento. También reclamaron que se detengan nuevos contratos, desembolsos, transferencias o garantías destinados a financiar el proyecto. El planteo judicial sostiene que la actividad podría generar un daño ambiental colectivo y que, debido al avance de las obras, resulta necesario intervenir antes de que se produzcan impactos que posteriormente puedan ser difíciles o imposibles de revertir.
El proyecto Sea Lion se encuentra localizado en los bloques identificados por las empresas como PL032 y PL004b, dentro de la denominada Cuenca Malvinas Norte. Según la información presentada por las organizaciones, el emprendimiento contempla una infraestructura de gran escala que incluiría instalaciones en las islas, ampliaciones portuarias, depósitos, viviendas y plantas destinadas al manejo de combustibles, productos químicos y lodos de perforación. El desarrollo también contempla una unidad flotante destinada a la producción, almacenamiento y descarga del petróleo extraído.
La planificación conocida hasta ahora contempla dos primeras etapas con un total de 23 pozos submarinos: 16 destinados a la producción, seis para la inyección de agua y uno para gas. De acuerdo con el informe presentado por AAdeAA y Cecim, la primera etapa incluiría 11 pozos y la segunda otros 12. Las empresas proyectan comenzar la producción en 2028 y mantener la explotación durante más de tres décadas, lo que convertiría al emprendimiento en una operación de largo plazo en una zona considerada estratégica por la Argentina.
La preocupación de las organizaciones no se limita al aspecto ambiental. La presentación sostiene que el desarrollo hidrocarburífero representa también una cuestión vinculada con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los recursos naturales de la plataforma continental. En ese sentido, cuestionan que las compañías avancen amparadas en autorizaciones otorgadas por la administración británica de las islas y sostienen que esas licencias no reemplazan la legislación argentina ni los procedimientos ambientales que, según su planteo, deberían aplicarse sobre los recursos de la plataforma continental argentina.
Uno de los principales argumentos de la demanda está relacionado con la ausencia de una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas. Las organizaciones señalaron que en enero de 2026 realizaron pedidos de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía. Según indicaron, las respuestas oficiales obtenidas confirmaron que Rockhopper y Navitas no habían realizado ante el Estado argentino las presentaciones que las organizaciones consideran obligatorias para avanzar con actividades de exploración o explotación de hidrocarburos.
El riesgo ambiental señalado está relacionado con las características de las operaciones previstas. La perforación del lecho marino, el movimiento de embarcaciones, la instalación de infraestructura, el ruido submarino, la utilización de productos químicos y la posibilidad de derrames son algunos de los factores mencionados en la presentación. AAdeAA y Cecim advierten además que las corrientes marinas podrían trasladar eventuales impactos hacia áreas utilizadas para alimentación, reproducción y migración de especies, con una posible conexión entre el Mar Argentino, las Islas del Atlántico Sur y la región antártica.
La preocupación adquiere mayor dimensión debido al cronograma de ejecución del proyecto. Según la información citada en la presentación judicial, durante 2026 comenzaron trabajos vinculados con el muelle y la base terrestre, mientras que también avanzaron la fabricación de equipos y la adaptación de la unidad flotante que sería utilizada en el yacimiento. La perforación está prevista para comienzos de 2027 y la primera extracción de petróleo para el primer semestre de 2028, de acuerdo con lo informado públicamente por Rockhopper.
El antecedente de las empresas también fue incorporado al planteo. Las organizaciones señalaron que Rockhopper fue declarada clandestina en la Argentina en 2012 y quedó inhabilitada para operar en el país durante 20 años, mientras que Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022. Para los impulsores de la acción judicial, estos antecedentes refuerzan la necesidad de que se examine la situación y se determine bajo qué condiciones financieras y empresariales se desarrolla actualmente el proyecto petrolero en el Atlántico Sur.
Ahora será la Justicia Federal de Río Grande la que deberá analizar el planteo y determinar si corresponde adoptar las medidas cautelares solicitadas. La presentación busca que las obras y el financiamiento sean suspendidos mientras se evalúa el riesgo denunciado y, al mismo tiempo, pretende poner bajo la lupa a bancos, fondos de inversión, aseguradoras y otros actores que participen del financiamiento del emprendimiento. En un contexto de renovadas discusiones internacionales sobre Malvinas, el proyecto Sea Lion suma así una dimensión ambiental, económica y geopolítica a una disputa de soberanía que permanece abierta desde hace décadas.
Fuente: La Nueva Mañana
