El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa para ampliar la participación privada en la administración y mantenimiento de rutas nacionales. El esquema contempla que las nuevas inversiones queden exentas de impuestos nacionales, provinciales y municipales, como incentivo para acelerar las obras de infraestructura vial.
El Gobierno nacional prepara un nuevo proyecto para ampliar la privatización de rutas nacionales mediante un esquema que busca atraer inversiones privadas a través de importantes beneficios impositivos. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que el Ejecutivo enviará la iniciativa al Congreso y anticipó que el objetivo será incorporar unos 6.000 kilómetros de rutas bajo un sistema de participación privada. La propuesta se suma al proceso de concesiones que la administración de Javier Milei viene desarrollando sobre distintos corredores de la red vial nacional.
Según explicó Caputo, uno de los principales incentivos previstos será la eliminación de impuestos para las nuevas inversiones destinadas a las rutas. El planteo contempla que esos proyectos puedan quedar alcanzados por una tasa impositiva de cero a nivel nacional, provincial y municipal. La intención oficial es reducir los costos asociados a las obras y generar condiciones que, según el Gobierno, permitan acelerar la llegada de capital privado para mejorar la infraestructura vial. La propuesta, sin embargo, requerirá del respaldo de los gobernadores para que las exenciones puedan aplicarse también sobre tributos provinciales y municipales.
El ministro inicialmente había mencionado una extensión de aproximadamente 5.000 kilómetros, pero posteriormente precisó que el proyecto abarcará unos 6.000 kilómetros. Caputo manifestó además su confianza en conseguir el acompañamiento de los gobernadores, bajo el argumento de que existe coincidencia entre Nación y las provincias respecto de la necesidad de mejorar las rutas y promover inversiones en infraestructura. El Gobierno pretende que ese consenso permita avanzar con un modelo en el que las empresas privadas tengan un papel cada vez más importante en la construcción, conservación, mantenimiento y operación de los corredores viales.
La iniciativa aparece en medio de una fuerte discusión por el estado de las rutas nacionales y por la falta de obras de mantenimiento. En los últimos meses se multiplicaron las críticas por el deterioro de distintos corredores estratégicos, una situación que afecta tanto al transporte de pasajeros como al movimiento de cargas y a las economías regionales. El Ejecutivo plantea que la participación privada puede convertirse en una alternativa para recuperar infraestructura sin depender exclusivamente de los recursos presupuestarios del Estado. El esquema oficial parte de la premisa de que las empresas tendrán mayores incentivos para invertir si cuentan con reglas previsibles y una reducción significativa de la carga tributaria.
Uno de los puntos que genera mayor discusión está relacionado con el destino de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos. De acuerdo con la normativa citada en el informe publicado por Ámbito, el 28,5% de lo recaudado por ese impuesto debe destinarse al mantenimiento de la infraestructura de transporte nacional, mientras que el 14,25% tiene como destino la red vial. El debate sobre la utilización de esos fondos se encuentra en el centro de las críticas al Gobierno, particularmente porque distintos sectores cuestionan que los recursos específicos no se traduzcan en un nivel equivalente de inversión en las rutas nacionales.
En ese contexto, un informe del Instituto Argentina Grande sostuvo que los recursos del impuesto a los combustibles que no fueron destinados a obras podrían haber permitido realizar tareas de mantenimiento sobre miles de kilómetros de la red vial. El estudio calculó que el monto adicional potencialmente disponible habría permitido cubrir el mantenimiento anual de unos 9.148 kilómetros. El Gobierno, por su parte, sostiene que la situación heredada y las restricciones fiscales obligaron a modificar la forma de financiar la infraestructura y que la incorporación del sector privado permitirá avanzar con obras que el Estado no estaría en condiciones de afrontar por sí solo.
El nuevo proyecto no parte de cero. El Gobierno ya avanzó con la denominada Red Federal de Concesiones, mediante la cual comenzó a transferir a operadores privados distintos corredores de la red vial nacional. El esquema contempla contratos de largo plazo que incluyen tareas de mantenimiento, conservación y operación. Según la información oficial, el proceso apunta a concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas estratégicas mediante inversiones privadas, con el objetivo declarado de mejorar la infraestructura, elevar la seguridad vial y reducir costos logísticos.
La última etapa del proceso incluye corredores que atraviesan numerosas provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. La incorporación de nuevas rutas mediante el proyecto anunciado por Caputo ampliaría todavía más el alcance de la estrategia oficial y profundizaría el cambio en el modelo de administración de la infraestructura vial argentina. En lugar de concentrar las obras y el mantenimiento exclusivamente en organismos estatales, el Gobierno busca que el capital privado asuma una parte creciente de esas responsabilidades a cambio de condiciones económicas consideradas atractivas.
El anuncio abre ahora una nueva discusión política y económica en el Congreso. El Gobierno deberá conseguir respaldo legislativo para avanzar con el proyecto y, además, negociar con las provincias la aplicación de las exenciones impositivas que pretende incorporar. Para la administración de Milei, la iniciativa representa otro paso dentro de su estrategia de reducir la participación directa del Estado y ampliar el espacio para las inversiones privadas. Para sus críticos, en cambio, el debate estará centrado en quién financiará finalmente las obras, cómo se garantizará el mantenimiento de las rutas y qué impacto tendrán las concesiones y los beneficios fiscales sobre las cuentas públicas. El resultado de esa discusión determinará el alcance real de una reforma que podría modificar profundamente la forma en que se financia y administra una parte significativa de la red vial nacional.
Fuente: Ámbito Financiero
