El exasesor legislativo José Aníbal Ricardo Villarreal fue trasladado desde la cárcel de Cruz del Eje hasta la Fiscalía de Deán Funes, donde fue notificado de una nueva imputación. Negó las acusaciones en su contra, pero decidió no responder preguntas. La fiscalía amplió los cargos y sumó una acusación por promoción a la corrupción de menores.
José Aníbal Ricardo Villarreal, conocido como “Hachazo”, fue trasladado desde el complejo penitenciario de Cruz del Eje hasta la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes para prestar declaración en el marco de la investigación por presuntos casos de grooming y abuso sexual contra menores en Villa de María de Río Seco. El exasesor legislativo llegó bajo un importante operativo de seguridad y, una vez en sede judicial, fue notificado de los hechos que se le atribuyen. Villarreal negó las acusaciones, pero decidió ejercer su derecho a abstenerse de declarar, por lo que no respondió preguntas de la fiscalía.
La situación procesal del imputado se complicó durante la jornada debido a que la fiscal Analía Cepede resolvió ampliar la acusación que pesaba sobre él. A los cargos iniciales se incorporó el delito de promoción a la corrupción de menores, que se sumó a las imputaciones relacionadas con grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado. La ampliación se produjo mientras la investigación continúa avanzando y se incorporan nuevos testimonios y elementos de prueba sobre hechos que habrían tenido como víctimas a adolescentes de entre 13 y 16 años.
Villarreal es uno de los principales acusados dentro de una causa que generó conmoción en el norte de la provincia de Córdoba. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes y busca determinar la participación de distintos adultos en hechos que habrían afectado a adolescentes en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con la información difundida por la Justicia y distintos medios, la causa ya alcanzó a 16 personas imputadas, entre ellas el exasesor del legislador departamental Ramón “Cañito” Flores.
La investigación se inició luego de que la familia de una adolescente denunciara su desaparición. La joven fue localizada en Santiago del Estero, hecho que permitió profundizar una pesquisa que posteriormente derivó en nuevas denuncias y detenciones. A partir de los elementos reunidos, los investigadores comenzaron a reconstruir una presunta trama de captación, traslado y explotación sexual de menores. La fiscalía analiza además comunicaciones, testimonios y otros elementos que permitan establecer el grado de participación de cada uno de los imputados y determinar si existió una estructura organizada detrás de los hechos denunciados.
La situación de Villarreal ya había adquirido relevancia política debido a su vínculo laboral con Ramón “Cañito” Flores, quien se desempeñaba como legislador departamental de Río Seco. Villarreal había trabajado como asesor y desarrollaba tareas territoriales dentro de su equipo. Tras conocerse la investigación y la detención del exasesor, Flores quedó bajo fuerte presión política y finalmente presentó su renuncia a la banca. El exlegislador sostuvo que su decisión no implicaba reconocer las acusaciones formuladas en su contra y afirmó que no tenía nada que ocultar.
La causa también incorporó testimonios que apuntan directamente contra Villarreal. Una de las presuntas víctimas relató episodios de violencia y abuso que, según su testimonio, se habrían extendido durante varios años. La mujer señaló que convivió con el entorno del acusado desde su infancia y afirmó haber sufrido diferentes formas de maltrato. Su declaración fue incorporada a la investigación y constituye uno de los elementos que la fiscalía deberá contrastar con el resto de las pruebas reunidas en el expediente. Como ocurre con toda investigación penal en curso, las acusaciones deberán ser corroboradas judicialmente y Villarreal mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
Otro de los aspectos que genera preocupación alrededor del expediente es la existencia de una denuncia anterior que involucraba a Villarreal y que, según trascendió, no habría avanzado adecuadamente. De acuerdo con información difundida por Cba24n, una denuncia presentada años atrás habría quedado archivada en una comisaría de Villa de María de Río Seco y no habría sido remitida oportunamente a la Fiscalía. Ese antecedente motivó incluso un pedido para investigar el accionar de una fiscal por presunto encubrimiento y retardo de justicia. La situación abrió un capítulo adicional dentro de una causa que ahora intenta determinar por qué investigaciones anteriores no avanzaron.
Mientras Villarreal permanece detenido y la fiscalía continúa incorporando elementos al expediente, la investigación mantiene abiertas distintas líneas para determinar las responsabilidades individuales de los imputados. La ampliación de los cargos contra el exasesor representa un nuevo paso dentro de un expediente que ya acumula numerosas detenciones y denuncias. La Justicia deberá ahora avanzar con peritajes, testimonios y otras medidas de prueba para establecer qué ocurrió, quiénes participaron y cuál fue el rol concreto de cada persona investigada. Por el momento, Villarreal negó los hechos y optó por no declarar, mientras la fiscalía continúa con la investigación bajo la conducción de Analía Cepede.
Fuente: Cba24n
