El Ejecutivo volvió a fijar en $70.000 el refuerzo para jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos. El monto permanece sin cambios desde hace 29 meses y, con el aumento de septiembre, el ingreso mínimo llegará a $498.591, todavía por debajo de la canasta básica para un adulto.
El Gobierno nacional oficializó nuevamente el bono de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. El refuerzo se mantendrá durante septiembre sin ningún tipo de actualización y volverá a quedar congelado en el mismo valor que tiene desde hace 29 meses. La decisión quedó establecida mediante el Decreto 824/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y alcanza a jubilaciones y pensiones contributivas de la Anses, además de pensiones no contributivas y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
El problema aparece con mayor claridad cuando se observa el ingreso total que recibirá una persona que cobra la jubilación mínima. En septiembre, los haberes tendrán una actualización del 2,1% de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. De esta manera, el haber mínimo pasará de $419.775,93 a $428.591,22. Con el bono completo, el ingreso alcanzará los $498.591,22. Para quienes perciben haberes superiores a la mínima, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar ese mismo monto.
Pero esa cifra todavía no alcanza para superar la línea de pobreza. Según el último dato disponible del Indec citado por La Nueva Mañana, en julio la Canasta Básica Total para una persona adulta alcanzó los $506.381. Esto significa que un jubilado que percibe la mínima y recibe el bono completo continuará por debajo del umbral utilizado para determinar la pobreza. La diferencia puede parecer pequeña en términos nominales, pero detrás de esos miles de pesos existen gastos concretos que deben afrontar todos los meses las personas mayores.
El dato más significativo, sin embargo, es el congelamiento del bono. Los $70.000 que el Gobierno seguirá pagando en septiembre son exactamente los mismos que se vienen abonando desde hace 29 meses. Durante ese período aumentaron los precios de alimentos, medicamentos, alquileres, servicios, transporte y otros gastos esenciales. Por lo tanto, aunque nominalmente el refuerzo continúe siendo de $70.000, su capacidad real para cubrir las necesidades de una persona jubilada se redujo de manera considerable frente a la evolución del costo de vida.
La situación resulta especialmente delicada porque los jubilados tienen una estructura de gastos difícil de modificar. Mientras un trabajador activo puede, en determinadas circunstancias, buscar horas adicionales, cambiar de empleo o complementar sus ingresos, para una persona jubilada las posibilidades de aumentar sus recursos suelen ser mucho más limitadas. El ingreso previsional constituye, en muchos casos, la principal o única fuente de dinero disponible para afrontar alimentación, vivienda, servicios y medicamentos. Por eso, cualquier pérdida de poder adquisitivo tiene un impacto directo sobre las condiciones de vida.
El congelamiento del bono también genera una discusión sobre la propia fórmula de movilidad jubilatoria. El aumento del 2,1% previsto para septiembre se aplica sobre el haber y responde al mecanismo vigente, pero el refuerzo extraordinario queda fuera de esa actualización. El resultado es que una parte del ingreso de los jubilados permanece congelada mientras los precios continúan evolucionando. El bono, que originalmente funcionaba como una herramienta para complementar los haberes más bajos, se transforma progresivamente en una suma cada vez menos significativa frente al costo de las necesidades básicas.
La situación no puede analizarse únicamente desde una planilla presupuestaria. Detrás de cada cifra existe una población que durante décadas realizó aportes y que hoy depende de un ingreso previsional para vivir. Que una persona mayor tenga que elegir entre alimentos, medicamentos, servicios o gastos de vivienda no es solamente un problema económico: es una cuestión de dignidad. La discusión sobre el equilibrio fiscal puede ser legítima, pero también debería incorporar una pregunta elemental: cuánto necesita una persona para vivir y qué responsabilidad tiene el Estado frente a quienes ya no cuentan con la posibilidad de generar nuevos ingresos laborales.
El dato final es contundente. En septiembre, un jubilado que cobre la mínima y reciba el bono completo tendrá un ingreso de $498.591,22, mientras que la referencia de pobreza para una persona adulta alcanzaba los $506.381 en julio. Y el bono de $70.000 permanece congelado desde hace 29 meses. El Gobierno puede presentar la medida como la continuidad de una asistencia, pero la realidad cotidiana obliga a mirar el otro lado de la cifra: si el refuerzo pierde capacidad de compra y el ingreso total continúa por debajo de la pobreza, entonces no estamos hablando de una verdadera recomposición, sino de una ayuda que cada vez alcanza para menos. Para los jubilados, el ajuste no se mide solamente en porcentajes: se mide en lo que pueden poner sobre la mesa, en los medicamentos que pueden comprar y en las cuentas que consiguen pagar a fin de mes.
Fuente: La Nueva Mañana
