La medida fue oficializada por el Ministerio de Justicia y establece la unificación de 368 Registros Seccionales, además de la eliminación de 14 oficinas intervenidas. El Ejecutivo sostiene que busca reducir estructuras y costos mediante la digitalización, mientras el proceso vuelve a abrir el debate sobre el impacto territorial del ajuste estatal.
El Gobierno nacional profundizó este lunes su política de reducción y reorganización de estructuras públicas con una nueva medida sobre el sistema de Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor. A través de la Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso la unificación de 368 registros y la supresión de otras 14 oficinas que se encontraban intervenidas. La decisión forma parte del proceso de transformación que el Ejecutivo viene impulsando sobre el sistema registral y que combina reducción de estructuras, concentración de funciones y digitalización de trámites.
La resolución establece que aquellos registros que actualmente se encuentran a cargo de una misma persona podrán concentrar sus funciones y competencias. El objetivo declarado por las autoridades es disminuir estructuras y costos administrativos, al mismo tiempo que se avanza hacia un sistema con mayor cantidad de procedimientos digitales. Desde el Ministerio de Justicia presentan la reforma como una modernización de un esquema que consideran excesivamente burocrático y cuya estructura, según la mirada oficial, puede ser reducida sin afectar la prestación de los servicios.
Sin embargo, el alcance de la medida va más allá de las 14 oficinas que serán cerradas. El Gobierno incorporó al proceso otras 13 dependencias cuyo cierre ya había sido dispuesto anteriormente, pero que todavía no habían completado su clausura operativa. De esta manera, son 27 oficinas las que quedan involucradas en el proceso de cierre, mientras que otras 368 serán reorganizadas bajo un nuevo esquema de funcionamiento. La dimensión de la transformación permite observar que no se trata de una decisión aislada, sino de una reestructuración significativa del sistema de registros automotores.
Las autoridades establecieron un plazo de hasta 30 días hábiles para concretar las modificaciones. Durante ese período deberán realizarse las transferencias de documentación, trámites y competencias hacia los registros que continúen funcionando. Esto implica que los expedientes y gestiones que actualmente dependen de las oficinas que dejarán de operar deberán ser derivados hacia otras dependencias, algo que puede generar modificaciones concretas para los usuarios que necesitan realizar trámites vinculados con la titularidad, transferencia o documentación de vehículos.
La discusión aparece especialmente vinculada con la accesibilidad territorial. La digitalización puede facilitar determinados procedimientos y reducir tiempos y costos cuando los trámites pueden resolverse de manera remota. Pero no todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceso a herramientas digitales ni los mismos conocimientos para utilizarlas. En localidades pequeñas o alejadas de los grandes centros urbanos, además, el cierre de una oficina física puede significar que determinados trámites deban realizarse a mayor distancia. Por eso, el éxito de una reforma de estas características no debería medirse solamente por la cantidad de oficinas eliminadas o por el ahorro administrativo conseguido.
El Gobierno sostiene que la reorganización forma parte de una política más amplia de modernización y simplificación del Estado. La digitalización de trámites, en ese sentido, puede efectivamente representar una oportunidad para eliminar burocracia y facilitar gestiones que durante décadas requirieron presencia física y una importante cantidad de documentación. Pero existe una diferencia entre digitalizar un trámite y simplemente retirar la presencia estatal de un territorio. Una transformación verdaderamente eficiente debería garantizar que la reducción de estructuras no termine trasladando los costos y las dificultades desde el Estado hacia los ciudadanos.
El proceso también vuelve a poner sobre la mesa una discusión política central de la actual gestión: cuál debe ser el tamaño y el alcance del Estado. Desde el Gobierno de Javier Milei, la reducción del gasto, la eliminación de organismos y la reorganización de dependencias forman parte de una estrategia destinada a disminuir lo que consideran estructuras estatales innecesarias. Sus defensores sostienen que un Estado más pequeño y digitalizado puede funcionar con mayor eficiencia. Sus críticos advierten que detrás de cada cierre puede existir una pérdida de presencia pública y una transferencia de costos hacia los usuarios, especialmente en los sectores que tienen mayores dificultades para acceder a servicios privados o digitales.
En definitiva, el cierre de 14 registros y la reorganización de otros 368 no debería analizarse únicamente como una cuestión administrativa. Detrás de cada oficina existen trabajadores, usuarios y comunidades que utilizan esos servicios. La pregunta central será si la reforma consigue realmente simplificar los trámites y mejorar la atención o si, por el contrario, termina concentrando servicios y haciendo más difícil el acceso para quienes necesitan realizar gestiones de manera presencial. El Gobierno tiene ahora 30 días hábiles para poner en marcha el nuevo esquema y deberá demostrar que la promesa de un Estado más eficiente no se convierte simplemente en un Estado más lejano para la ciudadanía.
Fuente: La Nueva Mañana
