La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó el costo financiero de los créditos y reclamó que bancos y fintech se hagan cargo del aumento de la morosidad. Propuso un “etiquetado frontal” para que los usuarios conozcan cuánto terminarán pagando antes de tomar un préstamo y pidió mecanismos de refinanciación para quienes no pueden afrontar sus deudas.
Patricia Bullrich volvió a marcar una diferencia con el presidente Javier Milei dentro del debate sobre el creciente endeudamiento de las familias argentinas. Durante una sesión del Senado, la dirigente cuestionó especialmente el costo de los créditos otorgados por bancos y empresas fintech y reclamó que esas entidades tengan un papel activo frente al aumento de la morosidad. Su intervención se produjo en un contexto en el que el endeudamiento de los hogares se convirtió en una preocupación creciente y en el que el Gobierno nacional sostiene que las obligaciones contraídas entre particulares no deberían ser trasladadas al Estado.
Uno de los puntos centrales del planteo de Bullrich fue su crítica al Costo Financiero Total (CFT), es decir, el indicador que permite conocer cuánto terminará pagando efectivamente una persona por un préstamo, incluyendo intereses, comisiones, seguros y otros costos asociados. La senadora cuestionó que esta información pueda quedar relegada a la denominada “letra chica” de los contratos y sostuvo que los usuarios deberían contar con una información mucho más visible antes de aceptar una financiación. Para Bullrich, conocer el costo real de una deuda es fundamental para que una persona pueda evaluar las consecuencias de asumirla.
En ese sentido, la exministra de Seguridad propuso implementar un mecanismo similar al “etiquetado frontal” utilizado en otros productos de consumo. Su idea consiste en que, antes de contratar un crédito, el usuario pueda observar de manera clara y directa cuánto dinero terminará pagando. Como ejemplo, planteó que si una persona solicita $100.000 y termina devolviendo $250.000, esa diferencia debería aparecer de manera visible antes de concretar la operación. La propuesta apunta especialmente al creciente uso de aplicaciones financieras y plataformas digitales, donde la contratación de préstamos puede realizarse en pocos segundos.
Bullrich también reclamó que bancos y fintech desarrollen mecanismos concretos para refinanciar las deudas de quienes actualmente presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones. Entre las alternativas mencionadas aparecen la extensión de los plazos de pago, la refinanciación de los créditos existentes y distintas herramientas destinadas a reorganizar las deudas. La senadora sostuvo que las entidades financieras deben “hacerse cargo” de la situación y colaborar en la búsqueda de soluciones, aunque rechazó que el costo de esas medidas termine siendo trasladado al conjunto de la sociedad mediante recursos estatales.
La posición de Bullrich adquiere particular relevancia por su pertenencia al oficialismo. La dirigente encabeza el bloque de La Libertad Avanza en el Senado y su intervención supone un matiz dentro del discurso económico del Gobierno. Mientras Milei ha sostenido que las deudas asumidas por los ciudadanos forman parte de acuerdos entre privados y que el Estado no debería intervenir para hacerse cargo de ellas, Bullrich considera que existe una responsabilidad que deben asumir las propias entidades que otorgaron los créditos. La diferencia no implica un rechazo general al funcionamiento del mercado financiero, pero sí introduce un reclamo de mayor transparencia y responsabilidad empresarial.
El debate se desarrolla además en medio de un aumento significativo de la morosidad. Un análisis citado por el Financial Times señaló que alrededor del 16,3% del crédito destinado al consumo presenta atrasos de al menos tres meses y que la situación alcanza a aproximadamente 5,8 millones de personas. El fenómeno se relaciona con una combinación de endeudamiento creciente, tasas de interés elevadas, ingresos que avanzan con mayor lentitud y dificultades económicas de los hogares. El dato ayuda a explicar por qué el problema dejó de ser una cuestión individual de determinados deudores y comenzó a ocupar un lugar dentro de la discusión política y económica nacional.
Bullrich, sin embargo, estableció un límite claro respecto de una eventual asistencia financiada por el Estado. La senadora sostuvo que quienes cumplieron con sus obligaciones no deberían terminar pagando las deudas de quienes no pudieron hacerlo. Su planteo busca, de esta manera, trasladar la discusión hacia las entidades financieras y los propios mecanismos de crédito, en lugar de impulsar un rescate estatal de los deudores. La propuesta combina una mayor exigencia de información para los consumidores con la posibilidad de que bancos y fintech ofrezcan alternativas para reorganizar los préstamos que ya se encuentran en situación de mora.
El episodio vuelve a mostrar las tensiones que atraviesan al oficialismo frente a un problema que tiene consecuencias económicas y sociales cada vez más visibles. La administración de Milei sostiene una concepción basada en la responsabilidad individual y en la idea de que las relaciones crediticias deben resolverse principalmente entre las partes involucradas. Bullrich comparte el rechazo a utilizar recursos públicos para cubrir deudas privadas, pero plantea una intervención diferente: exigir mayor transparencia, mejorar la información disponible y reclamar a las entidades financieras mecanismos concretos de refinanciación. Esa diferencia puede adquirir mayor peso político si el endeudamiento de los hogares continúa aumentando y comienza a convertirse en uno de los principales problemas económicos de cara a los próximos meses.
Fuente: Primereando las noticias
