El interventor judicial del gremio metalúrgico suspendió el convenio que permitía a la empresa USEM administrar una parte sustancial de los fondos sindicales. La medida, avalada por la Justicia, se tomó mientras avanza una investigación federal sobre el manejo de los recursos de la UOM.
La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) avanzó sobre uno de los acuerdos que quedaron bajo la lupa tras la salida de Abel Furlán de la conducción del sindicato. El interventor Alberto Biglieri resolvió suspender el convenio firmado entre la UOM y USEM S.A., empresa que tenía a su cargo la administración de una parte importante de los fondos provenientes de los afiliados. La medida rige desde el 15 de agosto y contó con aval judicial.
La decisión fue presentada como una acción de carácter “preventivo y de conservación patrimonial”, mientras continúa una causa federal que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la administración de recursos sindicales. El expediente está en manos del juez federal Julián Ercolini, quien analiza, entre otros puntos, las condiciones del contrato celebrado entre la organización metalúrgica y la empresa.
El convenio había sido firmado en 2023, durante la gestión de Furlán, y establecía que USEM administraría aproximadamente el 80% de los aportes sindicales correspondientes a unos 200.000 afiliados. El acuerdo también contemplaba una comisión del 0,5% mensual sobre los fondos recaudados, con ingresos que, de acuerdo con las estimaciones difundidas en el marco de la investigación, podían superar los 100 millones de pesos mensuales.
El alcance del acuerdo explica buena parte de la preocupación que generó dentro de la organización. USEM había recibido facultades relacionadas con la administración contable y bancaria de los recursos, incluyendo la posibilidad de intervenir en cuentas de distintas seccionales y ejecutar pagos en representación de la UOM. Ahora, con la intervención judicial, esas atribuciones quedaron bajo revisión.
En paralelo, la Justicia puso bajo la lupa a María Soledad Calle, vinculada a la creación de USEM S.A. y a la estructura societaria de la compañía. Calle también había ocupado funciones dentro de la UOM durante la conducción de Furlán, por lo que su vínculo con ambas estructuras aparece entre los elementos analizados en la investigación.
La suspensión del convenio se produce en un momento particularmente sensible para el gremio metalúrgico. La UOM atraviesa una intervención judicial que modificó el mapa interno de poder y que abrió una etapa de revisión sobre decisiones tomadas durante la conducción anterior. En ese escenario, el acuerdo con USEM se convirtió en uno de los puntos más delicados de la investigación.
El conflicto no es solamente administrativo. Lo que está bajo discusión es quién controla y cómo se administran los recursos aportados por los trabajadores metalúrgicos. La magnitud de los fondos involucrados y las facultades otorgadas a la empresa explican por qué el convenio adquirió tanta relevancia dentro de la causa.
La intervención decidió ahora cortar ese vínculo mientras avanza la investigación y dejó en claro que la prioridad será preservar el patrimonio de la organización sindical. La medida, además, podría abrir nuevos capítulos respecto de las responsabilidades de quienes participaron en la negociación y puesta en marcha del acuerdo.
Por el momento, la causa continúa en etapa de investigación y no implica una condena contra las personas involucradas. La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades o delitos en la administración de los fondos. Pero políticamente, el episodio vuelve a poner a la UOM bajo los reflectores y suma un nuevo capítulo a la crisis que terminó con la salida de Furlán.
Fuente: Infogremiales
