Prestadores y terapistas denuncian que la cadena de pagos quedó interrumpida y que algunos profesionales arrastran deudas desde mayo. En Córdoba, la situación también fue declarada crítica. El sector anunció que desde el lunes podría suspender tratamientos y movilizarse.
El sistema de prestaciones para personas con discapacidad vuelve a atravesar una situación crítica. Profesionales y prestadores denuncian que la cadena de pagos se interrumpió y que algunos trabajadores todavía no cobraron servicios realizados desde mayo, mientras crece la incertidumbre sobre cuándo llegarán los fondos.
Según denunciaron los prestadores, la interrupción se habría producido en el circuito de transferencias que involucra a la Superintendencia de Servicios de Salud, ARCA, las obras sociales y los propios profesionales. El problema es que, mientras los organismos se pasan la responsabilidad, quienes brindan las terapias aseguran que se quedan sin ingresos para sostener sus actividades.
La situación tiene una consecuencia directa: los tratamientos están en riesgo. Profesionales consultados por InfoGremiales anticiparon que, si no aparece una solución, desde el lunes 31 de agosto podrían suspender prestaciones y movilizarse para reclamar el pago de las facturas adeudadas.
El conflicto adquiere todavía más gravedad porque el Gobierno nacional había oficializado esta semana un incremento del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Para los prestadores, el anuncio resulta insuficiente si los valores actualizados finalmente no llegan a quienes realizan las prestaciones.
La frase que resume el malestar del sector es contundente: “Por un lado, te dan un aumento y por otro, no te lo pagan”. Los profesionales cuestionan así una política que, según denuncian, anuncia pequeñas recomposiciones mientras mantiene una cadena de pagos paralizada.
En Córdoba, la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis) también declaró el estado de alerta. La entidad advirtió que los fondos correspondientes a las prestaciones de junio no habían sido transferidos y alertó sobre el riesgo que esto representa para la continuidad de los servicios. Según la Cámara, desde la Superintendencia atribuyeron la demora a una menor recaudación de ARCA vinculada con la caída del empleo formal.
El problema no es nuevo. La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad estableció mecanismos de compensación por el atraso acumulado de los aranceles y ordenó actualizaciones para intentar recomponer el sistema. Sin embargo, prestadores y organizaciones sostienen que varios de esos compromisos todavía no se cumplieron plenamente. El Gobierno, por su parte, rechaza parte de este diagnóstico y sostiene que existen procesos administrativos en marcha.
La disputa también llegó nuevamente al Congreso. La oposición intentó avanzar esta semana con el debate sobre la emergencia en discapacidad, pero no consiguió la mayoría necesaria en Diputados. Los bloques opositores anticiparon, sin embargo, una nueva sesión especial para el 9 de septiembre, mientras las organizaciones del sector reclaman respuestas urgentes.
El escenario deja una pregunta que excede la discusión presupuestaria: ¿qué pasa con las personas con discapacidad cuando quienes garantizan sus tratamientos tampoco pueden cobrar? Porque detrás de cada factura pendiente hay profesionales, centros terapéuticos y familias que necesitan que las prestaciones continúen sin interrupciones.
Y mientras el Gobierno habla de reordenamiento de cuentas y de sostenibilidad del sistema, los prestadores hablan de tratamientos en riesgo, trabajadores sin cobrar y un sistema que nuevamente queda al borde del colapso. La protesta ya tiene fecha: si no aparecen los fondos, el lunes podría comenzar una nueva escalada del conflicto.
