El buque VS Promise, de bandera británica, amarró en el puerto de Ushuaia luego de haber cargado crudo en el norte de Tierra del Fuego. La provincia calificó el hecho como “inadmisible” y reclamó explicaciones al Gobierno de Javier Milei. El puerto, además, se encuentra intervenido por Nación desde enero.
Una fuerte polémica política y soberana se desató en Tierra del Fuego luego de que un buque petrolero de bandera británica amarrara en el puerto de Ushuaia. Se trata del VS Promise, una embarcación dedicada al transporte de crudo que previamente había permanecido en la terminal de Río Cullen, en el norte de la provincia.
La autorización para el ingreso fue otorgada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, organismo que actualmente tiene bajo intervención el puerto de Ushuaia. La terminal es propiedad de la provincia, pero desde enero quedó bajo administración nacional, una decisión que ya había generado un conflicto político y judicial entre la Casa Rosada y el gobierno de Gustavo Melella.
La reacción del Gobierno de Tierra del Fuego fue inmediata. La administración provincial expresó su “repudio y rechazo enérgico” a la operación y cuestionó que una embarcación británica pudiera operar precisamente en Ushuaia, capital de una provincia que, según la legislación argentina, incluye dentro de su territorio a las Islas Malvinas.
El planteo tiene además un componente legal. Tierra del Fuego sostiene que existe normativa provincial que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de embarcaciones con bandera británica, en el marco del reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Por eso, desde la Provincia apuntaron directamente contra el Gobierno nacional y reclamaron que el presidente Javier Milei explique públicamente bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se permitió el ingreso del petrolero.
La controversia adquiere todavía mayor peso porque uno de los argumentos utilizados por Nación para intervenir el puerto de Ushuaia estuvo relacionado justamente con la necesidad de preservar su carácter estratégico y los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Desde Tierra del Fuego consideran que permitir ahora la operación de un barco británico constituye una contradicción con ese argumento.
El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, calificó el episodio como un hecho inédito. Según explicó, el buque habría cargado crudo en la zona norte de la provincia antes de dirigirse a Ushuaia y posteriormente continuar viaje, aparentemente con destino a Estados Unidos.
El episodio también generó repercusiones en el Congreso. Legisladores de la oposición reclamaron explicaciones al Ejecutivo nacional y cuestionaron que una embarcación británica haya podido operar en Ushuaia mientras continúa vigente el reclamo argentino por Malvinas.
La discusión, entonces, excede el ingreso de un simple buque comercial. En el fondo aparecen tres conflictos superpuestos: la soberanía sobre Malvinas, la administración del puerto de Ushuaia y la política del Gobierno nacional hacia el Atlántico Sur.
Desde Tierra del Fuego volvieron a exigir el fin de la intervención nacional y la restitución de la administración del puerto a la provincia. Mientras tanto, el Gobierno nacional deberá explicar por qué autorizó la operación y si considera compatible el ingreso de una embarcación británica con la política argentina de soberanía sobre las Islas Malvinas.
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