Una investigación de Chequeado volvió a poner en discusión los vínculos familiares dentro del Poder Judicial. El relevamiento detectó que cinco de los ocho jueces federales de primera instancia de Comodoro Py tienen familiares que trabajan en distintos ámbitos de la Justicia. El dato reabre el debate sobre el llamado “nepotismo judicial” y los mecanismos de ingreso a uno de los sectores más sensibles del poder estatal.
El dato es contundente: 5 de los 8 jueces de primera instancia de los tribunales federales de Comodoro Py tienen familiares que trabajan en la Justicia, según una investigación publicada por Chequeado. El relevamiento vuelve a poner bajo la lupa un fenómeno que desde hace años genera cuestionamientos: la concentración de vínculos familiares dentro del Poder Judicial.
La investigación aclara, sin embargo, que esto no significa necesariamente que los jueces hayan nombrado directamente a sus familiares. El Reglamento para la Justicia Nacional prohíbe que un magistrado designe en su propio juzgado a un familiar que quede bajo su dependencia directa. La normativa no impide, en cambio, los denominados “nombramientos cruzados”, mediante los cuales familiares de magistrados pueden trabajar en otras dependencias judiciales.
Ahí aparece uno de los principales puntos de discusión. Formalmente, una persona puede acceder a un cargo en otro juzgado sin que exista una designación directa de su familiar. Pero cuando los vínculos familiares se multiplican dentro de una estructura cerrada y altamente jerarquizada como la Justicia, surgen interrogantes sobre cómo se accede a determinados puestos, qué mecanismos de selección existen y cuánto pesa el apellido a la hora de construir una carrera judicial.
El problema tampoco es exclusivamente una cuestión de parentescos. Chequeado recuerda que en 2013 el Congreso sancionó una ley para establecer concursos públicos de ingreso al Poder Judicial, pero la Corte Suprema nunca reglamentó esa norma para ese ámbito. De esta manera, persisten mecanismos de incorporación de personal que alimentan las críticas sobre la falta de transparencia y meritocracia en determinados sectores de la Justicia.
Comodoro Py ocupa, además, un lugar especialmente sensible dentro del sistema judicial argentino. Allí se tramitan algunas de las causas federales de mayor impacto político y económico del país. Por sus tribunales pasan investigaciones que involucran a funcionarios, empresarios, dirigentes políticos y organismos estatales. Por eso, cualquier discusión sobre independencia, transparencia y vínculos internos adquiere una dimensión política mucho mayor.
El relevamiento también vuelve a poner sobre la mesa una vieja discusión: ¿la Justicia funciona realmente como una estructura abierta y basada exclusivamente en el mérito o existen redes familiares que facilitan la permanencia y el acceso a determinados espacios? El hecho de que la mayoría de los jueces relevados tenga familiares dentro del propio sistema no prueba por sí mismo la existencia de irregularidades, pero sí constituye un dato relevante para discutir cómo se estructura el Poder Judicial.
En este punto resulta fundamental separar dos cuestiones: tener un familiar trabajando en la Justicia no implica cometer un delito ni demuestra automáticamente nepotismo. El problema institucional aparece cuando los mecanismos de ingreso, promoción y designación no ofrecen suficiente transparencia para garantizar que los cargos sean ocupados mediante criterios objetivos y verificables.
El dato de Comodoro Py vuelve así a poner el foco sobre una institución que reclama independencia frente a la política, pero que también enfrenta desde hace años cuestionamientos por sus propios mecanismos internos. Y la pregunta queda instalada: si la Justicia debe controlar al poder político, ¿quién controla la transparencia de quienes integran la propia Justicia?
