Jimena de la Torre decidió no continuar con su candidatura a la reelección en el Consejo de la Magistratura y su ausencia amenaza con complicar el tratamiento del presupuesto del Poder Judicial. La dirigente vinculada al macrismo argumentó que tenía un viaje programado, aunque desde el organismo interpretaron su decisión como una maniobra política en medio de la disputa por la renovación de los consejeros.
El macrismo sufrió un nuevo revés dentro del Consejo de la Magistratura luego de que Jimena de la Torre desistiera de continuar con su aspiración a ser reelegida como representante de los abogados. La decisión se produjo en simultáneo con la baja de Diego Barroetaveña de su propia candidatura y dejó al espacio de Mauricio Macri sin una de sus principales piezas dentro del organismo encargado de la selección y disciplina de los jueces. El movimiento, además, generó consecuencias inmediatas sobre la discusión del presupuesto del Poder Judicial, ya que la ausencia de De la Torre amenaza con dificultar la obtención del quórum necesario para avanzar con el tratamiento.
La situación se da en un momento particularmente delicado para el Consejo de la Magistratura, que debe resolver la renovación de sus integrantes y avanzar con distintos asuntos pendientes. De la Torre había llegado al organismo como representante vinculada al macrismo y su continuidad era parte de la estrategia del sector para conservar influencia en una institución clave del sistema judicial. Sin embargo, las posibilidades de que pudiera renovar su mandato quedaron seriamente comprometidas, al igual que las de Barroetaveña, quien también desistió de su postulación después de perder una disputa judicial vinculada con su continuidad.
La baja de De la Torre adquiere especial relevancia porque se produjo justo cuando el Consejo debía discutir el presupuesto para el conjunto del Poder Judicial. Según la reconstrucción publicada por La Política Online, la consejera argumentó que no asistiría porque tenía previsto viajar a Junín y sostuvo que la convocatoria a la reunión había sido realizada con escasa anticipación. Sin embargo, desde otros sectores del Consejo interpretaron la ausencia de otra manera y señalaron que la decisión estaría relacionada con su malestar por la falta de tratamiento de un expediente disciplinario contra el juez Carlos Hugo Goggi.
El expediente contra Goggi es otro de los elementos que atraviesan la disputa. La Comisión de Disciplina del Consejo había aprobado por seis votos contra tres una sanción equivalente a una reducción del 35% de su salario, por única vez. La medida estaba relacionada con decisiones del magistrado en las que declaró de oficio y en reiteradas oportunidades la inconstitucionalidad de la ley de honorarios profesionales. Desde el entorno de De la Torre plantearon que el hecho de que este asunto no estuviera incluido en el temario de la sesión era uno de los motivos de su enojo.
La disputa también expone las diferencias internas que existen dentro del propio Consejo de la Magistratura. Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo, buscó avanzar con el tratamiento presupuestario, pero las negociaciones entre los distintos estamentos no resultaron sencillas. Según fuentes citadas por LPO, incluso representantes del kirchnerismo estaban dispuestos a acompañar el presupuesto después de algunas modificaciones, mientras que las mayores resistencias provenían de sectores vinculados al estamento académico y a Diego Molea. El escenario obligó a Rosatti a llevar nuevamente la cuestión al plenario.
El presupuesto judicial es una pieza particularmente sensible porque involucra recursos millonarios destinados al funcionamiento de tribunales, salarios, infraestructura, tecnología y seguridad informática. Como antecedente, el Consejo ya había aprobado el presupuesto 2026 por más de $2 billones, con una amplia mayoría y algunas abstenciones. En aquella oportunidad, el gasto de personal representó la mayor parte del total, mientras que también se contemplaron partidas para bienes y servicios y para inversiones tecnológicas.
La discusión presupuestaria tampoco puede separarse del conflicto político más amplio que atraviesa al Poder Judicial con el Gobierno nacional. Representantes del oficialismo y de la oposición vienen cruzando posiciones sobre la falta de aprobación del presupuesto nacional y las dificultades que enfrentan distintos organismos judiciales. En debates anteriores, consejeros opositores cuestionaron que el Poder Judicial lleva años funcionando sin un presupuesto aprobado por el Congreso, mientras que desde el Ejecutivo defendieron las transferencias realizadas y señalaron que buena parte de los problemas edilicios y de funcionamiento vienen de administraciones anteriores.
La salida de De la Torre también abre una nueva pelea por quién ocupará el espacio que deja el macrismo. Dentro del PRO comenzaron a analizar alternativas y aparece la posibilidad de impulsar una candidatura en conjunto con sectores de la UCR, el MID y otros representantes. Entre los nombres mencionados figura Antonela Giampieri, cercana a Darío Nieto. Sin embargo, la eventual designación deberá superar distintas instancias políticas y, según la reconstrucción de LPO, también aparece como una incógnita la posición que podría adoptar el sector de Karina Milei.
El episodio vuelve a mostrar que el Consejo de la Magistratura es también un escenario de disputa política entre distintos sectores de poder. La renovación de sus integrantes no sólo define cuestiones administrativas, sino que puede modificar los equilibrios internos de un organismo que interviene en la selección, disciplina y acusación de magistrados. Para Macri, perder a De la Torre significa resignar una representación que había conseguido mantener durante los últimos años. Para el Gobierno de Javier Milei, en cambio, la disputa abre la posibilidad de avanzar sobre espacios que históricamente estuvieron bajo influencia del macrismo, aunque para eso deberá atravesar nuevas negociaciones. Mientras tanto, el tratamiento del presupuesto judicial queda atrapado en una pelea que combina intereses institucionales, disputas partidarias y la renovación del poder dentro de la Justicia.
Fuente: La Política Online
