Dirigentes y economistas del peronismo protagonizaron un fuerte debate sobre el rumbo económico que debería adoptar el espacio si vuelve al poder. Teresa García reclamó una postura más radical frente a los sectores concentrados, mientras Guillermo Michel advirtió sobre las restricciones fiscales, jurídicas y financieras que enfrentará una futura gestión. En el encuentro también se discutieron el RIGI, el FMI, la inversión extranjera, la matriz distributiva y los desafíos que plantea la inteligencia artificial.
El peronismo comenzó a poner en discusión una de las preguntas que hasta ahora aparecía postergada dentro del espacio: qué programa económico debería ofrecerle a la sociedad argentina en caso de volver al Gobierno. El debate se produjo en la histórica sede del Partido Justicialista del barrio porteño de Once, durante el cierre de un curso sobre “Modelo Económico Justicialista” impulsado por el economista Santiago Fraschina. Allí quedaron expuestas diferencias profundas entre dirigentes de distintas corrientes, desde el kirchnerismo hasta sectores identificados con posiciones más ortodoxas o de centro. La discusión giró alrededor de una cuestión central: cómo construir una alternativa económica al modelo de Javier Milei sin repetir errores del pasado y, al mismo tiempo, sin abandonar las banderas históricas del peronismo.
El encuentro reunió a Teresa García, dirigente cercana a Cristina Kirchner y vicepresidenta del PJ; la economista Mercedes D’Alessandro, vinculada al albertismo; Santiago Fraschina; el diputado nacional Guillermo Michel y el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. La diversidad de procedencias políticas hizo que rápidamente aparecieran diferencias sobre cuál debería ser el perfil de un eventual próximo gobierno peronista. Fraschina planteó que el espacio necesita llegar a las próximas elecciones con un programa concreto y no limitarse a cuestionar al oficialismo. Para el economista, la discusión debe servir tanto para generar expectativas electorales como para preparar una eventual gestión y construir una “salida justicialista y desarrollista”.
Uno de los planteos más contundentes llegó de la mano de Teresa García, quien reclamó que el peronismo no intente presentarse como una versión moderada o edulcorada frente al Gobierno de Milei. La dirigente sostuvo que el espacio debe mostrar una posición claramente enfrentada con los sectores de poder y afirmó que la sociedad no elegirá al peronismo por presentarse “más lavadito” o moderado. En su interpretación, el espacio debería reivindicar una identidad política que funcione como antítesis de las experiencias de Mauricio Macri y Javier Milei. García consideró que el peronismo debe “radicalizar” su postura, especialmente frente a los poderes económicos concentrados que, según su visión, intentan condicionar la construcción de una alternativa política.
Santiago Fraschina había abierto precisamente esa discusión al advertir sobre la relación entre el poder económico y la construcción de un programa peronista. El economista sostuvo que determinados grupos económicos y fondos de inversión pretenden un peronismo disciplinado, capaz de ofrecer una alternativa al modelo financiero pero sin avanzar sobre la matriz distributiva. Para Fraschina, ese punto es fundamental porque el peronismo debería volver a discutir cómo se distribuye la riqueza y qué lugar ocupa el trabajo en el modelo económico. Incluso marcó una diferencia entre desarrollo industrial y justicia social: sostuvo que la industrialización no puede convertirse en un objetivo aislado, sino que debe estar subordinada a una mejora concreta en las condiciones de vida de la población.
Mercedes D’Alessandro llevó la discusión hacia los cambios que atraviesan al capitalismo mundial y planteó que el peronismo necesita actualizar su agenda distributiva. La economista puso el foco en la concentración económica y política que produjo el crecimiento de las grandes empresas tecnológicas, especialmente después de la pandemia. Según su planteo, compañías que controlan plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp también acumulan enormes cantidades de datos y poder de decisión sobre los comportamientos sociales y económicos. A eso sumó el impacto de la inteligencia artificial y los centros de datos, que demandarán crecientes cantidades de energía. Desde esa perspectiva, D’Alessandro cuestionó que Argentina se limite a exportar recursos como petróleo, gas y litio sin desarrollar cadenas de valor locales.
La economista definió ese escenario como una nueva etapa de “neoextractivismo” y “neocolonialismo extractivista”. Su preocupación es que Argentina vuelva a ocupar exclusivamente el lugar de proveedor de materias primas y energía barata para las grandes empresas tecnológicas globales. En ese contexto, señaló que el desafío para el peronismo no consiste en frenar la transformación tecnológica, sino en encontrar mecanismos para que el país capture parte de los beneficios económicos de esa transformación. La discusión incorpora así cuestiones que van mucho más allá de la tradicional disputa entre industria y campo o entre mercado y Estado: inteligencia artificial, plataformas digitales, datos, energía, empleo y control de recursos estratégicos aparecen como componentes de un eventual nuevo programa económico.
El contrapunto más marcado apareció cuando Guillermo Michel planteó las restricciones concretas que tendría un futuro gobierno para modificar algunas de las políticas implementadas durante la administración de Milei. El diputado cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, pero advirtió que no será sencillo eliminarlo de un día para otro. Según explicó, los proyectos incorporados al régimen cuentan con garantías, estabilidad y mecanismos internacionales de resolución de controversias. Por eso, consideró que una futura administración deberá asumir que existen compromisos jurídicos que limitan su margen de acción. Michel se diferenció explícitamente del planteo de radicalización y afirmó que no pretende construir una propuesta desde posiciones extremas.
Michel puso además el equilibrio fiscal en el centro de su propuesta y sostuvo que un eventual gobierno peronista deberá mantener un control estricto de los ingresos y gastos del Estado. También rechazó el discurso que sostiene que Argentina tiene cientos de impuestos relevantes y señaló que la mayor parte de la recaudación se concentra en un grupo reducido de tributos. En ese marco, planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema más progresivo y sostuvo que los trabajadores no deberían pagar el impuesto a las Ganancias sobre sus remuneraciones. Al mismo tiempo, defendió determinados mecanismos de promoción de inversiones utilizados por gobiernos peronistas, como la amortización acelerada y la devolución de IVA, aunque cuestionó que el RIGI no genere suficientes encadenamientos con proveedores nacionales.
Otro eje de fuerte discusión fue la relación con el Fondo Monetario Internacional. Michel sostuvo que el organismo otorgó a la Argentina un volumen de financiamiento que, a su entender, excedió ampliamente parámetros razonables y estimó ese exceso en unos 32.000 millones de dólares. Sin embargo, aclaró que un futuro gobierno no debería simplemente desconocer esas obligaciones. Su propuesta consistiría en negociar con el FMI, los bonistas privados y el Club de París un esquema de vencimientos compatible con la capacidad argentina de generar dólares. Incluso destacó que los bonistas privados actuaron, en su opinión, de manera más responsable que el organismo internacional. El planteo refleja una postura diferente a la de una ruptura y propone concentrarse en una renegociación que permita extender los plazos de pago.
Jorge Capitanich cerró el encuentro con una mirada más doctrinaria y reivindicó antecedentes históricos del peronismo en materia de inversión extranjera. El exgobernador recordó que durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón también existieron leyes destinadas a atraer capitales extranjeros, pero bajo condiciones y regulaciones específicas. Según su interpretación, aquellas normas establecían límites sobre la remisión de utilidades, regalías, dividendos y operaciones de importación. Capitanich utilizó ese antecedente para cuestionar el modelo de incentivos impulsado por Milei y defendió una política que combine la llegada de inversiones con mecanismos que permitan al Estado argentino retener una mayor parte de los beneficios generados por los recursos nacionales.
El encuentro dejó expuesta una dificultad central para el peronismo: existe un amplio consenso interno respecto de la necesidad de construir una alternativa al modelo de Milei, pero todavía no aparece una síntesis clara sobre cómo debería funcionar esa alternativa. Mientras algunos sectores reclaman una confrontación más fuerte con los poderes económicos y una recuperación explícita de la identidad distributiva del peronismo, otros advierten que un futuro gobierno tendrá restricciones fiscales, jurídicas y financieras que no podrán ignorarse. El desafío será convertir esas diferencias en un programa capaz de combinar crecimiento, generación de empleo, inversión, equilibrio de las cuentas públicas y redistribución del ingreso. El debate recién comienza, pero una conclusión parece atravesar a todos los sectores: si el peronismo pretende volver a gobernar, deberá llegar a las elecciones con algo más que una crítica al Gobierno actual; deberá explicar con claridad qué piensa hacer con la economía desde el primer día.
Fuente: La Política Online
