La situación judicial y política de Fernando Cerimedo sumó un nuevo capítulo en Brasil. Un diputado cercano al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva solicitó al Supremo Tribunal Federal que investigue al consultor argentino por su presunta participación en una estrategia de comunicación política vinculada con la difusión de contenidos y operaciones digitales en territorio brasileño. El pedido vuelve a poner bajo la lupa los vínculos regionales del exasesor de Javier Milei.
El nombre de Fernando Cerimedo volvió a aparecer en el centro de una controversia política internacional. Esta vez, el escenario es Brasil, donde un diputado vinculado al oficialismo de Luiz Inácio Lula da Silva pidió al Supremo Tribunal Federal que se investigue el papel que habría desempeñado el consultor argentino en una estrategia de comunicación política. La presentación coloca nuevamente a Cerimedo bajo observación por actividades desarrolladas fuera de la Argentina y amplía el alcance de las controversias que rodean a uno de los operadores digitales que tuvieron un papel destacado durante el crecimiento político de Javier Milei.
Cerimedo no es un desconocido para la política brasileña. Su nombre quedó asociado en los últimos años a estrategias digitales de sectores de derecha y a la utilización de redes sociales como herramienta de construcción política. El consultor argentino construyó buena parte de su trayectoria alrededor de la comunicación política, las campañas electorales y el desarrollo de estructuras digitales capaces de instalar determinados discursos y disputar el sentido común en las redes. Esa experiencia lo convirtió en una figura con vínculos dentro del denominado ecosistema de las nuevas derechas latinoamericanas.
La solicitud presentada ante la Justicia brasileña apunta precisamente a determinar qué participación pudo haber tenido Cerimedo en actividades de comunicación política desarrolladas en Brasil. Por el momento, el pedido de investigación no equivale a una acusación judicial firme ni establece responsabilidad penal alguna. Se trata de una presentación destinada a que las autoridades brasileñas analicen los antecedentes y determinen si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación formal. La diferencia es importante, especialmente en un caso que tiene una fuerte carga política y que involucra a un dirigente extranjero con antecedentes de participación en campañas y estrategias digitales.
El interés brasileño por Cerimedo se explica también por la creciente preocupación que existe en ese país alrededor de las operaciones de desinformación, las campañas digitales y la utilización de estructuras coordinadas para influir en la opinión pública. Brasil atravesó en los últimos años una fuerte disputa política en redes sociales, particularmente durante el enfrentamiento entre Lula y Jair Bolsonaro. Las autoridades brasileñas vienen investigando distintos mecanismos utilizados para difundir contenidos políticos y alterar el debate público, especialmente aquellos vinculados con campañas de desinformación y ataques coordinados contra instituciones democráticas.
El caso adquiere todavía mayor dimensión por la relación que Cerimedo mantuvo con Javier Milei. Durante la campaña presidencial argentina de 2023, el consultor fue presentado como uno de los hombres vinculados a la estrategia digital del entonces candidato libertario. Posteriormente, su figura quedó relacionada con La Derecha Diario y con distintas estructuras de comunicación política de la nueva derecha regional. En ese sentido, cualquier investigación sobre sus actividades en otros países puede terminar alcanzando indirectamente a una red política y comunicacional mucho más amplia que excede las fronteras argentinas.
La nueva ofensiva judicial en Brasil también aparece mientras Cerimedo enfrenta una situación judicial en Bolivia. El consultor argentino fue detenido en ese país y su situación generó repercusiones políticas tanto en Bolivia como en la Argentina. El Gobierno de Milei intentó tomar distancia de su figura, mientras distintos medios y sectores políticos comenzaron a revisar sus vínculos empresariales, sus ingresos a la Casa Rosada y las relaciones que mantuvo con personas que posteriormente ocuparon cargos dentro de la administración nacional. En paralelo, investigaciones periodísticas pusieron bajo la lupa contratos de empresas relacionadas con su entorno.
En Córdoba, además, una investigación periodística reveló que una empresa vinculada con Cerimedo recibió durante 2026 al menos $64,7 millones provenientes del Gobierno provincial. Los pagos fueron identificados a través del Portal de Transparencia y estuvieron vinculados con distintas áreas de la administración de Martín Llaryora, incluida la Agencia Córdoba Turismo. La existencia de esos contratos abrió nuevos interrogantes sobre las relaciones entre la política tradicional, los operadores digitales y las empresas de comunicación vinculadas con figuras de la nueva derecha. La información sobre esos pagos, al igual que las denuncias que ahora aparecen en Brasil, requiere distinguir entre hechos documentados, vínculos empresariales y acusaciones que todavía deben ser investigadas.
La solicitud del diputado brasileño, en definitiva, agrega una nueva dimensión al caso Cerimedo y demuestra que su actividad política y comunicacional ya no es observada exclusivamente desde la Argentina. Si el Supremo Tribunal Federal decide avanzar con la investigación, las autoridades brasileñas podrían analizar sus vínculos, actividades y eventuales intervenciones en operaciones de comunicación política desarrolladas en el país. El episodio vuelve a colocar en discusión el alcance de las redes internacionales de operadores digitales y la creciente influencia que estos actores pueden ejercer en campañas electorales y disputas políticas. Para Cerimedo, el escenario se vuelve cada vez más complejo: mientras enfrenta cuestionamientos judiciales en Bolivia y una creciente revisión de sus vínculos en Argentina, ahora aparece también bajo la lupa de la Justicia brasileña.
Fuente: La Política Online
