La Secretaría Nacional de Discapacidad estableció una actualización del 2,10% para los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para personas con discapacidad correspondiente a agosto. El incremento fue calculado sobre la variación del IPC de julio y alcanza a todas las prestaciones, mientras organizaciones y prestadores cuestionan el nivel de actualización y advierten sobre las dificultades para sostener el sistema.
El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Salud a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad y establece un incremento del 2,10% para agosto de 2026. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 2775/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La resolución lleva la firma del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y establece que el aumento se aplicará sobre los valores vigentes de las prestaciones sin establecer diferencias según el tipo de servicio. De esta manera, el mismo porcentaje de actualización alcanza al conjunto de las prestaciones contempladas dentro del sistema nacional de atención integral para personas con discapacidad.
El argumento utilizado por el Gobierno para determinar el porcentaje fue la evolución del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a julio de 2026. La resolución establece expresamente que el 2,10% surge de esa variación y dispone que el incremento se aplique durante el mes de agosto. La actualización busca, de acuerdo con el mecanismo establecido, adecuar los aranceles del sistema a la evolución de los precios registrada durante el período anterior.
Sin embargo, el porcentaje oficializado generó cuestionamientos entre organizaciones vinculadas con la discapacidad y prestadores del sector, que consideran insuficiente el nivel de actualización frente a los costos que deben afrontar para garantizar la continuidad de las prestaciones. El propio informe publicado por La Nueva Mañana señala que distintos actores del sistema denuncian dificultades en la aplicación de las actualizaciones, además de demoras y falta de cumplimiento en algunos casos.
La discusión no se limita al valor nominal de los aranceles. Los prestadores deben afrontar costos vinculados con profesionales, transporte, insumos, infraestructura y funcionamiento de los distintos servicios destinados a las personas con discapacidad. Por ese motivo, cualquier actualización que quede por debajo de la evolución real de esos gastos puede generar dificultades para sostener la atención y, eventualmente, poner en riesgo la continuidad de determinadas prestaciones.
La resolución también contempla una situación particular para las provincias de la región patagónica. En esos casos, el Gobierno reconoció un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en zonas consideradas desfavorables. El beneficio se suma al esquema general de actualización del 2,10% establecido para agosto y busca contemplar las condiciones particulares de prestación de servicios en esas jurisdicciones.
La decisión vuelve a colocar en el centro de la discusión la situación del sistema de atención a personas con discapacidad, especialmente en un contexto de fuertes reclamos de familias, profesionales, instituciones y organizaciones que vienen planteando la necesidad de garantizar recursos suficientes. El debate atraviesa tanto el valor de los aranceles como los tiempos de pago y la capacidad de los prestadores para sostener los servicios esenciales.
El aumento oficializado para agosto representa así una nueva actualización dentro de un sistema que enfrenta crecientes dificultades económicas. Mientras el Gobierno sostiene el criterio de ajustar los aranceles de acuerdo con la inflación registrada, los sectores vinculados con la discapacidad cuestionan que el incremento resulte suficiente para cubrir los costos reales de funcionamiento. La discusión continuará abierta en torno a cómo garantizar que las prestaciones puedan mantenerse sin interrupciones y que las personas con discapacidad reciban la atención que necesitan.
Con ayuda de La Nueva Mañana
