El efectivo señalado sería el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, integrante de la cúpula de la Policía Federal. Las imágenes del operativo muestran a un agente armado y vestido de civil, sin identificación visible. La oposición exige explicaciones a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
La represión registrada frente al Congreso durante el debate del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas fue identificado el efectivo que, según imágenes difundidas y reportes periodísticos, habría participado del operativo vestido de civil y disparado su arma durante la manifestación. Se trataría del comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, integrante de la Policía Federal Argentina.
La identificación surgió a partir de fotografías y videos registrados durante la jornada de protesta. En las imágenes aparece un hombre vestido de civil, armado y sin una identificación visible, participando del operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso. La información publicada por La Nueva Mañana, a partir de datos de Noticias Argentinas, señala que Gauna formaría parte de la máxima cúpula de la Policía Federal.
El episodio generó fuertes cuestionamientos porque la presencia de personal policial armado que no porta uniforme ni identificación visible abrió interrogantes sobre el protocolo utilizado durante el operativo. Desde sectores de la oposición sostuvieron que este tipo de intervención podría infringir las normas que regulan el accionar de las fuerzas de seguridad y reclamaron conocer quién autorizó la presencia de efectivos de civil y bajo qué órdenes actuaron.
Uno de los dirigentes que difundió públicamente la identificación fue Luca Bonfante, ex candidato a legislador porteño y dirigente del Frente de Izquierda. A través de sus redes sociales publicó imágenes comparativas entre Gauna y el policía que aparece en los registros audiovisuales disparando durante la manifestación. La publicación abrió una nueva discusión sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la cadena de responsabilidades detrás del operativo.
El dato adquiere mayor relevancia porque el operativo estuvo bajo la conducción del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva. El diputado nacional socialista Esteban Paulón ya había presentado un pedido para que la funcionaria concurra al Congreso y explique las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento, incluyendo la presencia de agentes sin uniforme.
La controversia no se limita al policía identificado. Durante la jornada también se registraron denuncias por agresiones contra manifestantes y trabajadores de prensa. Uno de los casos más graves fue el de una reportera gráfica que sufrió una fractura de cráneo después de recibir un golpe durante el operativo, episodio que también fue incorporado a los cuestionamientos políticos sobre el accionar de las fuerzas.
Desde distintos sectores opositores calificaron como especialmente preocupante la presencia de efectivos armados sin identificación visible y llegaron a señalar que esa modalidad de actuación remite a “una época oscura” de la historia argentina. En paralelo, dirigentes oficialistas y bloques aliados a La Libertad Avanza defendieron el operativo de seguridad desplegado durante la jornada.
La discusión ahora se trasladará al terreno político y eventualmente judicial: determinar quién era el efectivo que aparece en las imágenes es apenas el primer paso. También será necesario establecer qué función cumplía, quién ordenó su despliegue, qué protocolo utilizó y bajo qué circunstancias efectuó los disparos. La identificación de Gauna, por sí sola, no determina responsabilidades legales ni permite establecer si su accionar fue legítimo o irregular; esas cuestiones deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
El episodio vuelve a poner bajo la lupa el modelo de seguridad implementado por el Gobierno nacional frente a las protestas sociales. Mientras el oficialismo sostiene la necesidad de garantizar el orden y evitar hechos de violencia durante las movilizaciones, sus críticos advierten sobre posibles abusos y reclaman que las fuerzas estatales puedan ser identificadas y controladas.
La pregunta que queda abierta es contundente: ¿quién dio la orden para que un policía armado y vestido de civil actuara durante la protesta frente al Congreso? Ahora que el efectivo señalado habría sido identificado, la presión política sobre el Ministerio de Seguridad aumenta y el Gobierno deberá explicar qué papel cumplió dentro del operativo y por qué un agente sin uniforme visible terminó utilizando su arma en medio de una manifestación.
Con ayuda de La Nueva Mañana
