El exjefe de Gabinete y exministro del Interior, Aníbal Fernández, cuestionó con dureza el Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por el gobierno de Javier Milei que habilita la expulsión o el impedimento de ingreso al país de extranjeros que inciten al odio contra la Argentina. En una entrevista con Radio 10, sostuvo que la medida “no tiene ni pies ni cabeza”, aseguró que contradice la Constitución Nacional y advirtió que el concepto de “discurso de odio” ya está regulado por la legislación vigente.
El Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei para endurecer la política migratoria volvió a generar un fuerte debate político y jurídico. Durante una entrevista concedida a Radio 10, Aníbal Fernández cuestionó la legalidad de la iniciativa y afirmó que el Gobierno intenta regular cuestiones que ya se encuentran contempladas por la legislación argentina. “Ese DNU no tiene ni pies ni cabeza”, resumió el exfuncionario.
Fernández recordó que durante su gestión como ministro del Interior, en 2003, se impulsó una profunda reforma de la Ley de Migraciones con el objetivo de establecer un marco legal integral para el ingreso, permanencia y eventual expulsión de ciudadanos extranjeros. Según explicó, esa normativa ya prevé los mecanismos para actuar cuando un extranjero comete delitos, por lo que consideró innecesario dictar un nuevo decreto para abordar situaciones que ya tienen regulación específica.
Uno de los principales cuestionamientos del exjefe de Gabinete apuntó a la utilización del concepto de “discurso de odio” como fundamento para disponer expulsiones. Señaló que esa materia ya se encuentra contemplada dentro del Código Penal y advirtió que el DNU introduce criterios ambiguos que podrían generar interpretaciones arbitrarias. A su entender, la falta de definiciones precisas abre la puerta a conflictos judiciales y pone en riesgo garantías constitucionales.
Fernández también sostuvo que el decreto presenta problemas de constitucionalidad porque, según argumentó, la propia Constitución Nacional limita el alcance de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Recordó que el artículo 99, inciso 3, prohíbe al Poder Ejecutivo legislar mediante DNU en determinadas materias, entre ellas las vinculadas al derecho penal, por lo que consideró que el Gobierno podría haber excedido sus atribuciones al avanzar con esta medida.
Consultado sobre quién podría cuestionar judicialmente la norma, explicó que la declaración de inconstitucionalidad debería surgir a partir de un caso concreto promovido por una persona que se considere afectada por la aplicación del decreto. Aclaró que serán los tribunales los encargados de analizar si la medida respeta los límites establecidos por la Constitución y los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino.
Durante la entrevista también rechazó la posibilidad de que el Presidente pueda disponer discrecionalmente la expulsión de extranjeros. Según indicó, las decisiones migratorias deben tramitarse dentro de procedimientos administrativos y judiciales específicos, respetando las garantías del debido proceso. En ese sentido, afirmó que ninguna autoridad puede reemplazar el rol de la Justicia en la determinación de responsabilidades individuales.
Más allá del análisis jurídico, Fernández cuestionó políticamente al Gobierno al señalar que resulta contradictorio impulsar un decreto contra supuestos mensajes de odio cuando, según sostuvo, el propio presidente Javier Milei protagonizó reiterados enfrentamientos públicos con dirigentes nacionales e internacionales, además de sus críticas hacia distintas figuras políticas y religiosas.
En el tramo final de la entrevista, el exfuncionario fue consultado sobre la situación del peronismo de cara a las elecciones de 2027. Consideró que las diferencias internas deben resolverse dentro del propio espacio político y planteó que, si no existe un consenso para definir una candidatura presidencial, el mecanismo adecuado sería una elección primaria que permita resolver democráticamente el liderazgo. Entre los posibles candidatos mencionó a Axel Kicillof, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, cuya situación judicial también analizó al referirse a las presentaciones impulsadas por su defensa ante organismos internacionales.
Las declaraciones de Aníbal Fernández se producen en un contexto de fuerte debate sobre la política migratoria impulsada por el Gobierno nacional. Mientras el oficialismo defiende el DNU como una herramienta para fortalecer los controles y combatir conductas consideradas incompatibles con el orden público, distintos sectores políticos y especialistas en derecho constitucional anticipan que la norma podría enfrentar cuestionamientos judiciales por su alcance y por la forma en que fue dictada.
Fuente: Entrevista de Aníbal Fernández en Radio 10
