Un relevamiento nacional reveló que el 77% de los argentinos está de acuerdo con mantener límites a la compra de tierras por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. El dato se conoce mientras el Senado se prepara para debatir el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que propone eliminar las restricciones vigentes desde 2011.
La discusión sobre el futuro de la Ley de Tierras volvió a instalarse en el centro del debate político luego de que una encuesta nacional mostrara un amplio consenso social en favor de mantener restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. De acuerdo con el estudio realizado por la consultora Zuban Córdoba, el 77% de los argentinos considera que debe haber límites para este tipo de operaciones, mientras que solo el 16,7% se manifestó en contra y el 6,3% respondió no tener una posición definida.
El relevamiento fue realizado entre el 16 y el 18 de julio sobre una muestra de 1.400 casos en todo el país, con un margen de error de ±2,62% y un nivel de confianza del 95%. Los resultados se conocieron en momentos en que el Senado tiene previsto tratar el próximo 6 de agosto el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, promovido por el Gobierno nacional, que incluye la eliminación de los principales límites establecidos por la actual Ley de Tierras.
La legislación vigente, sancionada en 2011, fija un límite del 15% de la superficie rural nacional que puede estar en manos extranjeras y establece restricciones adicionales por provincia, departamento y nacionalidad de los compradores. El proyecto impulsado por el oficialismo propone derogar esos topes, permitiendo una mayor participación de personas físicas y jurídicas extranjeras en la adquisición de tierras rurales.
La iniciativa despertó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos, académicos y organizaciones vinculadas a la defensa de la soberanía territorial. Entre las principales críticas aparece la preocupación por la posible adquisición de zonas consideradas estratégicas, como regiones con importantes reservas de agua dulce, recursos minerales, bosques nativos y áreas cercanas a las fronteras internacionales.
Desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, sostuvo que el proyecto “habilita la compra indiscriminada de suelo” y advirtió que “lo que realmente está en juego es el control de los recursos estratégicos”. En ese sentido, afirmó que la soberanía territorial no debe quedar sujeta únicamente a las reglas del mercado y pidió preservar las herramientas legales que regulan la extranjerización de la tierra.
El debate parlamentario también estuvo marcado por dificultades políticas para el oficialismo. La iniciativa ya fue postergada en varias oportunidades debido a la falta de los votos necesarios para avanzar en el Senado. Durante las negociaciones, el texto recibió numerosas modificaciones en busca de sumar apoyos, aunque hasta el momento el Gobierno no logró reunir una mayoría suficiente para su aprobación.
Mientras tanto, organizaciones sociales, de derechos humanos y distintos sectores de la oposición convocaron a movilizarse el día del tratamiento legislativo para expresar su rechazo a la reforma. Los convocantes sostienen que la eliminación de los límites actuales podría facilitar una mayor concentración de tierras en manos extranjeras y comprometer recursos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
Con un amplio respaldo social a favor de mantener restricciones, el tratamiento de la Ley de Tierras promete convertirse en uno de los debates más relevantes de las próximas semanas en el Congreso. El resultado de la votación no solo definirá el futuro del régimen vigente desde 2011, sino también el rumbo de una discusión que combina inversión, propiedad privada, soberanía y control de los recursos naturales del país.
Fuente: El Destape, consultora Zuban Córdoba y La Nación.
