La reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional se convirtió en uno de los ejes centrales de las negociaciones políticas con la Provincia de Córdoba. La eventual suspensión de las PASO y otros cambios en el sistema electoral forman parte de una agenda que combina acuerdos institucionales, intereses legislativos y definiciones estratégicas de cara al próximo calendario electoral.
La relación entre la Casa Rosada y el Gobierno de Córdoba atraviesa una etapa de reconfiguración política en la que la reforma electoral ocupa un lugar central. El oficialismo nacional busca reunir los apoyos necesarios para avanzar en el Congreso con un paquete de modificaciones que considera prioritario, mientras que la administración provincial analiza el impacto que esos cambios podrían tener sobre el escenario político cordobés y nacional.
Entre los puntos que concentran mayor atención se encuentra la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que el Gobierno de Javier Milei considera clave para reducir costos del proceso electoral y reorganizar el calendario de votación. Sin embargo, la propuesta también tiene una fuerte dimensión política, ya que modificaría la estrategia de los distintos espacios para definir candidaturas y conformar alianzas.
El acercamiento entre Nación y Córdoba se produce en un contexto de negociaciones más amplias que incluyen cuestiones fiscales, administrativas y de gestión. En ese marco, la reforma electoral aparece como una de las principales prioridades del Ejecutivo nacional, que procura construir mayorías parlamentarias para aprobar el proyecto antes del inicio formal del proceso electoral.
Desde el Gobierno de Córdoba mantienen una posición de diálogo institucional con la administración nacional, aunque buscan preservar la autonomía provincial y analizar en detalle el alcance de cada modificación propuesta. La relación entre ambas administraciones ha mostrado señales de mayor acercamiento en las últimas semanas, favoreciendo la apertura de canales de negociación sobre distintos temas de la agenda política.
La discusión también involucra a otros gobernadores y bloques legislativos, ya que cualquier reforma del sistema electoral requiere un amplio respaldo parlamentario. La posibilidad de modificar reglas que inciden directamente en la competencia política genera posiciones diversas entre oficialismo, oposición y mandatarios provinciales, quienes evalúan el impacto que tendrían los cambios en sus respectivos distritos.
Especialistas en derecho electoral recuerdan que las normas que regulan los procesos de votación suelen requerir consensos amplios para garantizar previsibilidad y seguridad jurídica. En ese sentido, sostienen que cualquier modificación debería aprobarse con suficiente antelación respecto de los comicios para evitar cuestionamientos sobre las reglas de competencia entre las distintas fuerzas políticas.
Mientras tanto, en el Congreso continúan las conversaciones entre el oficialismo y distintos bloques para definir el futuro del proyecto. La estrategia del Gobierno apunta a consolidar acuerdos que permitan avanzar con la reforma, mientras la oposición analiza los alcances de las iniciativas y anticipa que dará un debate intenso sobre cada uno de los cambios propuestos.
Con el calendario electoral acercándose, la definición sobre las PASO y el resto de las modificaciones al régimen electoral se perfila como una de las discusiones políticas más relevantes de los próximos meses. El resultado de esas negociaciones no solo impactará en la organización de las próximas elecciones, sino también en la estrategia que adoptarán los distintos espacios políticos en todo el país.
Con ayuda de Pagina 12
