Caputo bloqueó a Kicillof un crédito de USD 270 millones para una obra sanitaria clave

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El Gobierno nacional rechazó otorgar el aval necesario para que la provincia de Buenos Aires acceda a un crédito internacional de 270 millones de dólares destinado a financiar una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para el Gran La Plata. La decisión profundizó la disputa entre la administración de Javier Milei y la gestión de Axel Kicillof por el financiamiento de obras de infraestructura.

La negativa del Ministerio de Economía de la Nación a autorizar el endeudamiento internacional solicitado por la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento político entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense. El financiamiento, por un total de 270 millones de dólares, estaba destinado a ejecutar una obra considerada estratégica para ampliar la infraestructura sanitaria en la región del Gran La Plata.

El proyecto contempla la construcción de una nueva planta de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales que beneficiaría a los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. De acuerdo con la documentación presentada por la Provincia, la infraestructura permitiría atender la demanda de una población que supera actualmente las 930.000 personas y tendría capacidad para responder al crecimiento demográfico de las próximas décadas, alcanzando a alrededor de 1,3 millones de habitantes.

Para acceder al préstamo de un organismo internacional, la legislación vigente exige que las provincias cuenten con el aval del Estado nacional. Sin esa autorización, el financiamiento no puede concretarse, por lo que la decisión del Gobierno nacional deja en suspenso el inicio de una obra que la administración bonaerense considera prioritaria desde el punto de vista sanitario y ambiental.

Desde la Nación se argumentó que los cupos para el endeudamiento externo son limitados y que la Provincia mantiene otros créditos internacionales aún sin ejecutar. Además, sostuvo que el proyecto corresponde a una competencia provincial y que la administración bonaerense dispone de otras alternativas para organizar sus prioridades de inversión.

La respuesta del Gobierno de Axel Kicillof fue inmediata. Funcionarios provinciales rechazaron esos argumentos y afirmaron que los proyectos pendientes obedecen, en varios casos, a demoras administrativas o autorizaciones que también dependen del propio Gobierno nacional. Según la Provincia, financiar la planta exclusivamente con recursos propios implicaría destinar una porción muy significativa del presupuesto de infraestructura, obligando a postergar otras obras de agua potable, saneamiento, hidráulica, energía y vialidad.

El proyecto también está vinculado a una causa judicial por contaminación ambiental que tramita en la Justicia Federal. La nueva planta busca reducir los vuelcos cloacales e industriales sobre cursos de agua de la región, entre ellos el arroyo El Gato, el río Santiago y sectores del Río de la Plata. En ese expediente, la Provincia presentó un plan integral de saneamiento como parte de los compromisos asumidos ante la Justicia.

Desde el Ejecutivo bonaerense sostienen además que, desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional autorizó créditos internacionales para otras provincias, mientras que Buenos Aires no obtuvo el aval para ninguno de los proyectos elevados. Esa situación es interpretada por la administración provincial como parte de una política de restricción financiera que afecta la ejecución de obras públicas estratégicas.

El conflicto por este financiamiento vuelve a poner en evidencia las diferencias entre la Casa Rosada y el Gobierno bonaerense respecto de la inversión en infraestructura. Mientras la Nación sostiene una política de fuerte control sobre el endeudamiento y el gasto público, la Provincia argumenta que determinadas obras sanitarias resultan imprescindibles para mejorar la calidad de vida de la población y atender problemas ambientales de larga data. La continuidad del proyecto dependerá ahora de la evolución de las negociaciones políticas y de las definiciones judiciales y administrativas que puedan adoptarse en las próximas semanas

Con ayuda de Motor Económico

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