La diputada provincial Ana Luz Balor presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para poner límites a las prácticas abusivas de empresas de cobranza. La iniciativa busca sancionar el hostigamiento, garantizar información clara sobre las deudas y proteger a los consumidores en un contexto de creciente sobreendeudamiento.
En medio de un escenario económico que empuja a miles de familias a financiar gastos básicos con tarjetas, préstamos o billeteras virtuales, la diputada provincial Ana Luz Balor impulsa un proyecto de ley que busca terminar con una práctica cada vez más frecuente: el hostigamiento a personas endeudadas por parte de empresas de cobranza.
La iniciativa fue presentada en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y tiene como objetivo establecer reglas claras para el recupero de deudas, protegiendo el derecho de los acreedores a cobrar, pero garantizando al mismo tiempo el respeto por la dignidad de quienes atraviesan dificultades económicas.
Llamados, amenazas y presión constante
Durante una entrevista en el programa Derechos a la Carta, Balor explicó que actualmente muchas personas son víctimas de prácticas intimidatorias que exceden cualquier reclamo legítimo.
Entre ellas mencionó llamados telefónicos reiterados a cualquier hora del día, mensajes con contenido vejatorio, correos electrónicos intimidatorios e incluso contactos con familiares, vecinos, lugares de trabajo o instituciones que frecuenta el deudor.
Según sostuvo, estas acciones generan un fuerte impacto emocional y afectan la salud de quienes ya atraviesan una situación económica compleja.
“El derecho del acreedor a cobrar existe, pero debe ejercerse respetando la dignidad de las personas y dentro de los límites que establece la ley”, afirmó.
Información clara y atención personalizada
Otro de los puntos centrales del proyecto apunta a transparentar la información sobre las deudas.
Balor advirtió que en numerosas oportunidades los consumidores reciben reclamos sin conocer con precisión el origen de la deuda, el monto real adeudado, los intereses aplicados o las refinanciaciones que se les pretenden imponer.
La propuesta establece que quienes gestionen el cobro deberán identificarse correctamente, acreditar que poseen la legitimidad para reclamar esa deuda y ofrecer canales de atención presenciales o personalizados que permitan al consumidor conocer exactamente cuál es su situación.
El objetivo es evitar que personas vulnerables acepten refinanciaciones o pagos por montos superiores a los que realmente corresponden.
Un fallo que marcó un precedente
Durante la entrevista, la legisladora recordó el caso de una mujer adulta mayor que sufrió reiteradas prácticas abusivas por parte de una empresa de cobranzas.
Según explicó, además del hostigamiento telefónico, la consumidora recibió refinanciaciones de cuotas que aún no habían vencido y contratos donde ni siquiera figuraban claramente los intereses que debía pagar.
Ese antecedente judicial, conocido como el fallo Romero, reforzó la necesidad de avanzar con una legislación específica que sancione este tipo de conductas y fortalezca los derechos de los consumidores.
Menos protección tras la derogación de una resolución nacional
Balor también cuestionó la eliminación, por parte del Gobierno nacional, de una resolución administrativa que regulaba estas prácticas de cobranza.
Según explicó, esa normativa brindaba herramientas para limitar el hostigamiento y proteger a los consumidores frente a empresas gestoras de cobranzas.
Con su derogación, aseguró, miles de personas quedaron nuevamente expuestas a prácticas abusivas, motivo por el cual decidió impulsar una regulación desde la provincia de Buenos Aires.
“Hoy los consumidores están mucho más desprotegidos frente a estas situaciones”, señaló.
El crecimiento del sobreendeudamiento
La diputada vinculó además el aumento de este tipo de reclamos con el fuerte crecimiento del sobreendeudamiento de los hogares argentinos.
Indicó que muchas familias ya no recurren al crédito para consumir bienes durables, sino para cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios públicos, medicamentos o ropa de abrigo.
Esa situación, explicó, genera una espiral de endeudamiento en la que una deuda se toma para cancelar otra, dificultando cada vez más la posibilidad de recuperar estabilidad económica.
Balor advirtió que los niveles de mora alcanzan cifras históricas, especialmente en billeteras virtuales y otros sistemas de financiamiento, lo que incrementa la presión de las empresas de cobranza sobre los consumidores.
El impacto en la salud mental
Uno de los aspectos más preocupantes que destacó durante la entrevista fue el impacto psicológico que produce el hostigamiento permanente.
Según afirmó, la presión financiera y el acoso constante deterioran la salud psicofísica de las personas y, en numerosos casos, aparecen mencionados en cartas de despedida de personas que decidieron quitarse la vida.
Por ello sostuvo que el sobreendeudamiento debe ser abordado no solo como un problema económico, sino también como una cuestión de salud pública y de protección de derechos.
Cómo continúa el proyecto
La iniciativa ya comenzó su tratamiento legislativo en la provincia de Buenos Aires y actualmente se encuentra en distintas comisiones.
Balor se mostró optimista respecto de su avance y expresó su expectativa de que pueda ser debatida en el recinto antes de fin de año para luego pasar al Senado bonaerense.
Mientras tanto, recomendó a quienes sufran prácticas abusivas por parte de empresas de cobranza acercarse a las oficinas municipales de Defensa del Consumidor para recibir asesoramiento y realizar las denuncias correspondientes.
Para la legisladora, garantizar un trato digno, información transparente y límites claros al accionar de las empresas de cobranza constituye un paso fundamental para proteger a miles de consumidores que hoy enfrentan, además de sus deudas, situaciones de hostigamiento que vulneran sus derechos.
