La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) cuestionó con dureza el rumbo económico del Gobierno nacional y aseguró que el modelo impulsado por el presidente Javier Milei favorece únicamente a las grandes corporaciones extractivas y financieras, mientras profundiza la crisis de las pequeñas y medianas empresas. La entidad advirtió que miles de firmas cerraron sus puertas desde fines de 2023 y reclamó un cambio urgente en la política económica.
El pronunciamiento fue difundido en el marco del Día Internacional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, celebrado el 27 de junio. En un comunicado firmado por el presidente de APYME, Julián Moreno, y su secretario, Juan José Sisca, la organización sostuvo que las pymes atraviesan una de las etapas más difíciles de los últimos años y calificó al sector como una “especie en extinción” frente al actual escenario económico.
Según la entidad, desde el inicio de la actual gestión económica cerraron más de 26.000 empresas, con un promedio cercano a 30 cierres diarios. APYME afirmó que este fenómeno no responde a errores de administración, sino a un modelo económico que, a su entender, concentra los beneficios en grandes grupos económicos mientras debilita la industria nacional y reduce el peso del mercado interno, principal fuente de ingresos para las pequeñas y medianas empresas.
El comunicado también cuestionó el concepto de superávit comercial que exhibe el Gobierno. Desde APYME sostuvieron que ese resultado “es un espejismo”, al considerar que los dólares provenientes de las exportaciones primarias no se traducen en inversión productiva, sino que terminan destinados al pago de la deuda externa y a la salida de capitales, sin generar un efecto positivo sobre la economía real.
Otro de los puntos centrales de la crítica estuvo dirigido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al denominado “Súper RIGI”. La organización afirmó que estos instrumentos otorgan ventajas fiscales y regulatorias a grandes corporaciones nacionales y extranjeras, dejando en desventaja a los proveedores locales y profundizando las desigualdades productivas y tributarias dentro del país.
APYME también expresó preocupación por el desfinanciamiento de organismos públicos vinculados al desarrollo tecnológico y productivo, como el INTI y el INTA. Según la entidad, estas instituciones cumplen un rol estratégico en la transferencia de conocimiento, innovación y asistencia técnica para las empresas, por lo que su debilitamiento tendría consecuencias negativas sobre la competitividad de la industria nacional.
En ese contexto, la organización reclamó la declaración de la emergencia nacional para las MiPyMEs y convocó a empresarios, trabajadores, universidades, organizaciones sociales y fuerzas políticas a impulsar un proyecto de desarrollo basado en la producción, la ciencia y el trabajo. Para APYME, la recuperación del entramado productivo requiere políticas públicas activas que fortalezcan el mercado interno y promuevan la inversión nacional.
Las pequeñas y medianas empresas representan uno de los principales motores de la economía argentina y concentran una parte significativa del empleo formal y de la actividad industrial. Por ese motivo, el desempeño del sector es seguido de cerca por economistas y especialistas, que consideran su evolución como un indicador relevante del nivel de actividad económica y del consumo interno.
El comunicado de APYME reavivó el debate sobre el impacto del actual programa económico en el aparato productivo argentino. Mientras el Gobierno sostiene que las reformas buscan estabilizar la economía y atraer inversiones, sectores empresarios vinculados a las pymes advierten que la continuidad de las actuales políticas podría profundizar el cierre de empresas, la pérdida de empleo y la concentración de la actividad económica en grandes grupos corporativos.
Fuente: La Nueva Mañana (LMDiario).
