El Congreso convirtió en ley el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que autoriza el pago de 171 millones de dólares a los dos últimos grupos de acreedores que mantenían litigios activos contra la Argentina por el default de 2001. El oficialismo sostiene que la medida permitirá cerrar definitivamente esos juicios y evitar nuevos embargos sobre activos del Estado, mientras que la oposición cuestionó el costo del acuerdo y su impacto sobre las cuentas públicas.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y convirtió en ley el acuerdo alcanzado con los dos últimos grupos de acreedores que mantenían demandas judiciales contra la Argentina por títulos en default desde 2001. La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos y 97 negativos, lo que permitió completar el trámite legislativo antes del vencimiento del plazo acordado con los demandantes, previsto para el 30 de junio.
La norma autoriza al Estado nacional a desembolsar 171 millones de dólares para poner fin a los litigios con los fondos Bainbridge Ltd. y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Según el Gobierno, el acuerdo incluye una cláusula que obliga a los acreedores a desistir de todas las acciones judiciales presentes y futuras vinculadas con esos títulos una vez concretado el pago.
Desde el oficialismo argumentaron que cerrar definitivamente estos juicios permitirá eliminar riesgos legales que aún pesaban sobre activos argentinos en el exterior y mejorar la posición del país en los mercados financieros internacionales. También sostuvieron que la resolución del conflicto brinda mayor seguridad jurídica y evita eventuales embargos contra bienes estatales, como empresas públicas o cuentas oficiales.
Durante el debate parlamentario, los bloques opositores manifestaron fuertes cuestionamientos al proyecto. Legisladores de distintos espacios reclamaron mayores precisiones sobre el origen de los bonos, la composición del monto acordado y la fuente de financiamiento del pago. También advirtieron que la iniciativa implica utilizar recursos públicos para cancelar reclamos de acreedores que permanecieron fuera de los canjes de deuda realizados en años anteriores.
Los litigios tienen su origen en el default declarado por la Argentina a fines de 2001. Posteriormente, los canjes de deuda impulsados en 2005 y 2010 alcanzaron una adhesión superior al 92% de los acreedores, mientras un grupo minoritario decidió mantenerse al margen e iniciar demandas judiciales en tribunales de Nueva York para reclamar el pago íntegro de los bonos.
La mayor parte de esos conflictos fue resuelta en 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri alcanzó acuerdos con la mayoría de los denominados “holdouts”. Sin embargo, permanecían abiertos algunos reclamos residuales que ahora quedaron comprendidos en la nueva ley aprobada por el Congreso. Con este paso, el Ejecutivo sostiene que busca cerrar definitivamente los litigios derivados del default de 2001.
El tratamiento parlamentario se desarrolló en un contexto de fuerte debate político. Algunos sectores de la oposición sostuvieron que la aprobación del proyecto responde a una decisión política del Gobierno vinculada a su estrategia de inserción internacional, mientras que el oficialismo defendió el acuerdo como una medida necesaria para normalizar la situación financiera del país y eliminar contingencias judiciales pendientes.
Con la sanción de la ley, el Gobierno quedó habilitado para ejecutar el pago antes del plazo comprometido con los acreedores. La decisión marca el cierre de uno de los últimos capítulos judiciales relacionados con el default de 2001 y reabre el debate sobre la estrategia argentina frente a los litigios por deuda soberana, un tema que ha atravesado distintas administraciones durante más de dos décadas.
Fuente: Primereando las noticias
