Amnistía Internacional presentó una demanda judicial contra el Municipio de San Isidro por la implementación de un protocolo que, según la organización, obstaculiza el acceso al aborto legal y contradice lo establecido por la Ley 27.610. La denuncia sostiene que la normativa local introduce requisitos y demoras administrativas que terminan restringiendo un derecho garantizado a nivel nacional, afectando especialmente a mujeres y personas gestantes que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud público.
Según la presentación judicial, el municipio habría adoptado un protocolo propio que agrega pasos y exigencias no contempladas por la legislación nacional vigente. Desde Amnistía Internacional advierten que este tipo de medidas generan barreras institucionales que pueden derivar en demoras críticas, especialmente en los casos donde la ley establece plazos estrictos para garantizar el acceso a la práctica.
La organización remarcó que la Ley 27.610, sancionada en 2020, establece el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, además de garantizar el acceso en casos de violación o riesgo para la salud integral. En ese marco, cualquier normativa local no puede restringir ni dificultar su aplicación, sino únicamente facilitar su implementación en el sistema sanitario.
El caso se inscribe en una serie de debates recurrentes sobre la implementación efectiva de la ley en distintas jurisdicciones del país. Organizaciones de derechos humanos han señalado en varias oportunidades que, aunque el derecho está reconocido a nivel nacional, persisten obstáculos administrativos, falta de información y desigualdades en el acceso dependiendo de la provincia o municipio.
Desde Amnistía Internacional sostienen que los protocolos restrictivos generan un efecto de “desigualdad territorial”, donde el acceso al aborto legal depende del lugar de residencia y del funcionamiento de los servicios de salud locales. En ese sentido, remarcan la necesidad de que los Estados municipales y provinciales adecúen sus normativas al marco legal nacional sin introducir trabas adicionales.
El Municipio de San Isidro, por su parte, quedó en el centro de la controversia por la vigencia del protocolo cuestionado. Hasta el momento no se difundió una respuesta oficial detallada respecto de la demanda presentada, aunque en otros casos similares las autoridades locales han defendido la necesidad de establecer guías propias de actuación para el personal de salud.
El conflicto vuelve a poner en agenda la discusión sobre la autonomía municipal en materia sanitaria y los límites que impone la legislación nacional, especialmente en temas vinculados a derechos sexuales y reproductivos. Especialistas en derecho constitucional recuerdan que las leyes nacionales tienen jerarquía superior y deben ser aplicadas de manera uniforme en todo el territorio.
La demanda ahora deberá ser analizada por la Justicia, que será la encargada de determinar si el protocolo municipal vulnera o no el derecho al acceso al aborto legal. Mientras tanto, organizaciones feministas y de derechos humanos anticiparon que continuarán monitoreando la aplicación de la ley en distintos puntos del país.
Fuente: Infonews
