La causa judicial que investiga el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo luego de que el empresario Mauricio Novelli presentara un escrito ante la Justicia en el que negó la existencia de una estafa y solicitó que los inversores que se presentaron como damnificados sean apartados del expediente. A través de su defensa, el empresario sostuvo que quienes compraron el activo digital conocían los riesgos propios del mercado de criptomonedas y que las pérdidas registradas fueron consecuencia de operaciones especulativas, no de una maniobra fraudulenta. El planteo será analizado por la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, quienes continúan con la investigación sobre el lanzamiento y el colapso del token promocionado por el presidente Javier Milei.
En el escrito presentado por sus abogados, Novelli afirmó que los querellantes no lograron demostrar haber sido víctimas de un engaño y, por lo tanto, no cumplen con los requisitos legales para intervenir como particulares damnificados en el proceso. La defensa argumentó que la compra de criptomonedas implica aceptar un alto nivel de volatilidad y riesgo financiero, por lo que las pérdidas económicas sufridas tras la caída de $LIBRA no constituyen, por sí solas, una prueba de la existencia de un delito de estafa. Además, ratificó que “todo lo que dijo el presidente en relación con el tema era absolutamente cierto”.
El empresario también rechazó las acusaciones formuladas en su contra y aseguró que nunca participó de una maniobra destinada a perjudicar a los inversores. Según su versión, el proyecto vinculado a $LIBRA fue una iniciativa privada desarrollada dentro del ecosistema de las criptomonedas y su evolución respondió exclusivamente a las reglas del mercado. En ese sentido, insistió en que las fuertes variaciones en el precio del activo fueron producto de la especulación financiera y no de una operatoria organizada para defraudar a quienes decidieron invertir.
La causa judicial investiga lo ocurrido tras el lanzamiento de $LIBRA, una criptomoneda que experimentó una suba explosiva de su cotización luego de ser difundida públicamente por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. Horas después, el valor del token se desplomó abruptamente, generando pérdidas millonarias para miles de inversores, mientras un reducido grupo de billeteras digitales obtuvo importantes ganancias mediante ventas realizadas antes de la caída del precio. Estos hechos motivaron numerosas denuncias por presunta estafa, fraude y uso de información privilegiada.
Novelli quedó bajo la lupa de la Justicia por su rol como uno de los principales nexos entre los desarrolladores del proyecto y el entorno presidencial. Los investigadores analizan reuniones mantenidas con empresarios del sector cripto, intercambios de comunicaciones previos al lanzamiento del token y documentación obtenida durante distintos allanamientos. En etapas anteriores de la investigación también se incorporaron peritajes sobre dispositivos electrónicos y movimientos financieros que buscan reconstruir cómo se gestó el proyecto y quiénes participaron de su difusión.
Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar si existió una organización destinada a manipular el precio del activo digital y beneficiar a determinados participantes con información privilegiada. Entre las hipótesis bajo análisis figura la posibilidad de que algunas billeteras adquirieran grandes cantidades de tokens antes de la promoción pública y los vendieran inmediatamente después del aumento de la cotización, obteniendo ganancias extraordinarias a costa de miles de pequeños inversores.
La defensa de Novelli sostiene que esa interpretación carece de sustento y remarca que las operaciones desarrolladas en el mercado de criptomonedas son altamente especulativas por naturaleza. Desde esa perspectiva, considera que quienes adquirieron $LIBRA conocían las características del activo y aceptaron voluntariamente el riesgo de sufrir pérdidas. Por ello, solicitó que los inversores sean excluidos de la causa como querellantes y que el expediente continúe únicamente con la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal.
El planteo deberá ser resuelto por la jueza federal María Servini en el marco de una investigación que continúa generando repercusiones políticas y judiciales. Mientras la defensa intenta desacreditar la existencia de una estafa, la fiscalía sigue avanzando con distintas medidas de prueba para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados. El expediente continúa siendo uno de los procesos de mayor impacto institucional vinculados al denominado caso $LIBRA y mantiene bajo análisis el rol desempeñado por empresarios, funcionarios y operadores del mercado de criptomonedas.
Fuente: Filo News
