La causa que investiga al empresario Marcelo Porcel por presuntos delitos sexuales contra exalumnos del Colegio Palermo Chico registró un nuevo avance judicial. La Justicia ordenó la colocación de una tobillera electrónica al acusado y dispuso la entrega de botones antipánico a los diez denunciantes con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las restricciones de acercamiento vigentes.
La decisión fue adoptada luego de que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional ratificara medidas de protección destinadas a resguardar a los adolescentes que impulsaron la denuncia. Los jóvenes ya cuentan con dispositivos de alerta que permiten comunicarse rápidamente con las fuerzas de seguridad ante cualquier situación de riesgo o incumplimiento de las restricciones impuestas por la Justicia.
Los botones antipánico fueron entregados por personal de la Policía de la Ciudad en los domicilios de los denunciantes. Se trata de teléfonos equipados con aplicaciones especiales que permiten emitir alertas inmediatas y activar protocolos de respuesta ante eventuales emergencias. La medida busca reforzar la protección de las presuntas víctimas mientras avanza la investigación judicial.
Paralelamente, este miércoles se concretó la colocación de una tobillera electrónica a Marcelo Porcel. El dispositivo permite monitorear su ubicación y controlar el cumplimiento de las restricciones de acercamiento establecidas por la Justicia. La medida había sido ordenada días atrás, aunque su implementación sufrió demoras por cuestiones administrativas y técnicas.
Según trascendió, la demora estuvo vinculada a la necesidad de completar información requerida para la configuración del sistema de monitoreo. Entre los datos necesarios figuraban el domicilio del imputado y los parámetros de distancia que deberá respetar respecto de las presuntas víctimas y sus familias.
La situación generó preocupación entre los representantes legales de los denunciantes. El abogado querellante, Pablo Hawlena Gianotti, presentó escritos reclamando la ejecución inmediata de la resolución judicial al considerar que habían transcurrido varios días desde la orden sin que se concretara la colocación del dispositivo de geolocalización.
Porcel se encuentra procesado por presunto abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovechamiento de una situación de guarda, además de acusaciones vinculadas a corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores sin consentimiento. La investigación sostiene que los hechos denunciados habrían ocurrido en oficinas y domicilios relacionados con el empresario.
De acuerdo con el expediente, las presuntas víctimas tenían entre 11 y 15 años al momento de los hechos investigados. Los denunciantes habrían sido captados mediante vínculos de confianza construidos con sus familias y posteriormente expuestos a situaciones de contenido sexual, según surge de la investigación judicial.
Al confirmar el procesamiento, la Cámara valoró distintos elementos probatorios incorporados a la causa, entre ellos los testimonios obtenidos mediante cámaras Gesell. Sin embargo, los magistrados resolvieron mantener a Porcel en libertad al considerar que posee arraigo, domicilio estable y que hasta el momento no registraba incumplimientos de las restricciones previamente impuestas.
Además de la tobillera electrónica, la Justicia ratificó otras medidas complementarias destinadas a garantizar la seguridad de los denunciantes. El objetivo central es asegurar que las restricciones de acercamiento puedan ser supervisadas de manera efectiva mientras continúa el proceso judicial y se desarrollan las distintas etapas de la investigación.
El caso continúa generando una fuerte repercusión pública debido a la gravedad de las acusaciones y a la cantidad de denunciantes involucrados. Con la implementación de los nuevos mecanismos de control y protección, la Justicia busca brindar mayores garantías a las presuntas víctimas mientras se determina la responsabilidad penal del acusado.
Fuente: Filo.news
