La APDH vinculó el femicidio de Agostina con el desmantelamiento de las políticas de género

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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Córdoba emitió un duro pronunciamiento tras el femicidio de Agostina Vega y sostuvo que el crimen no puede analizarse de manera aislada, sino en el contexto de un retroceso de las políticas públicas destinadas a prevenir y abordar la violencia de género.

En el documento difundido en la antesala de una nueva movilización de Ni Una Menos, el organismo expresó su preocupación por la situación que atraviesan las mujeres y diversidades en Argentina y apuntó contra el desmantelamiento de programas estatales vinculados a la prevención de las violencias machistas.

“Hay un abandono y una desarticulación por parte del gobierno de Javier Milei de todas las políticas de género, particularmente aquellas referidas a la violencia de género”, advirtió la APDH en su declaración pública.

El organismo consideró que la eliminación o reducción de áreas estatales especializadas, programas de asistencia y mecanismos de protección debilita las herramientas disponibles para intervenir ante situaciones de riesgo y acompañar a víctimas de violencia.

El pronunciamiento se produjo en medio de la conmoción que generó el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo femicidio sacudió a Córdoba y reavivó las críticas por las fallas institucionales en la prevención y el abordaje de las violencias de género.

La APDH también llamó a fortalecer las políticas públicas destinadas a la protección de mujeres, niñas y adolescentes y reclamó que el Estado asuma un rol activo frente a una problemática que continúa cobrando víctimas en todo el país.

El documento se sumó a otros pronunciamientos de organizaciones sociales, feministas, sindicales y académicas que, tras el crimen de Agostina, cuestionaron tanto las falencias institucionales en la investigación como el retroceso de programas específicos de prevención de la violencia de género.

A once años del primer Ni Una Menos, el caso volvió a instalar el debate sobre la responsabilidad estatal en la prevención de las violencias machistas y sobre el impacto que pueden tener los recortes presupuestarios en áreas sensibles destinadas a proteger a las víctimas.

Fuente: La Nueva Mañana

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