Un informe basado en datos oficiales reveló que el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre 2024 y 2026, en el marco de la gestión de Javier Milei. El dato reavivó la polémica sobre el acceso a financiamiento público por parte de funcionarios, legisladores y otros actores vinculados al Estado, en medio de cuestionamientos sobre transparencia y criterios de adjudicación.
El Banco Nación quedó en el centro de la escena política y económica luego de que se conociera que, durante la actual gestión, otorgó más de 1.100 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente. El dato surge de registros oficiales del sistema financiero y fue difundido a partir de un pedido de acceso a la información pública, lo que permitió dimensionar el alcance de estos préstamos dentro del universo total de créditos para vivienda otorgados por la entidad.
Según la información disponible, entre enero de 2024 y marzo de 2026 el banco concedió un total de 25.391 créditos hipotecarios, de los cuales 1.120 correspondieron a personas alcanzadas por la categoría PEP. Esto significa que aproximadamente uno de cada 23 préstamos tuvo como beneficiario a alguien comprendido dentro de esta clasificación, utilizada por el sistema financiero para identificar funcionarios, exfuncionarios y personas vinculadas a cargos públicos.
La categoría de Personas Expuestas Políticamente no implica una prohibición para acceder a créditos, pero sí establece controles más estrictos en materia de prevención de lavado de activos y transparencia financiera. Incluye a funcionarios de los tres poderes del Estado, legisladores, magistrados, autoridades de fuerzas de seguridad y también a familiares cercanos de estos perfiles.
El caso tomó mayor relevancia pública luego de que se conocieran algunos créditos hipotecarios otorgados a funcionarios de primera línea del Gobierno y de organismos del Estado, con montos elevados. Estas situaciones alimentaron el debate sobre si existieron condiciones diferenciales o si se aplicaron los mismos criterios de evaluación que al resto de los solicitantes.
Desde el Gobierno, en distintas oportunidades, se intentó relativizar la polémica señalando que los créditos representan una porción mínima del total de la cartera hipotecaria. Sin embargo, la discusión se trasladó al plano político, donde sectores opositores y especialistas cuestionan la posible existencia de beneficios indirectos o tratamientos preferenciales dentro de la banca pública.
Uno de los puntos que genera mayor controversia es que la categoría PEP no abarca a todos los funcionarios en la misma medida, ya que algunos cargos de alta jerarquía pueden quedar fuera del registro formal, lo que abre interrogantes sobre la magnitud real del universo de beneficiarios vinculados al Estado.
En paralelo, el Banco Nación también modificó durante este período aspectos de su línea de créditos hipotecarios, incorporando nuevas condiciones de acceso y ampliando potencialmente el universo de beneficiarios dentro del sector público. Estos cambios fueron señalados por críticos como parte de un rediseño normativo que habría facilitado el acceso a determinados perfiles laborales y políticos.
El trasfondo del caso se inscribe en un contexto más amplio de debate sobre el rol de la banca pública en Argentina y el acceso a la vivienda, en un escenario donde las tasas de interés, los requisitos de ingreso y la evolución de los salarios siguen siendo factores determinantes para la posibilidad real de acceder a un crédito hipotecario.
Mientras tanto, la discusión política continúa abierta y se espera que el tema siga generando pedidos de informes y potenciales investigaciones sobre la forma en que se asignaron estos préstamos durante la actual administración.
Fuente: Minuto Uno
