El conflicto por el avance privatizador en empresas estratégicas del Estado sumó un nuevo capítulo judicial. Sindicatos aeronáuticos acusaron al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo de incumplimiento de deberes y posibles irregularidades en el proceso sobre Intercargo.
La tensión entre el gobierno nacional y los gremios aeronáuticos volvió a escalar luego de que sindicatos del sector presentaran una denuncia penal contra Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo por el proceso de privatización de Intercargo.
La presentación judicial fue impulsada por dirigentes sindicales que cuestionan el avance del Gobierno sobre la empresa estatal encargada de servicios de rampa y asistencia en aeropuertos de todo el país. Según denunciaron, existirían posibles irregularidades administrativas y violaciones a normas legales vinculadas al maejo de activos públicos estratégicos.
Desde el sector aeronáutico sostienen que la privatización de Intercargo representa un riesgo para miles de puestos de trabajo y para el funcionamiento operativo del sistema aeroportuario argentino. Además, advierten que el proceso podría favorecer intereses privados sin garantizar transparencia ni protección laboral.
La denuncia penal apunta directamente contra las decisiones adoptadas por el Ejecutivo nacional dentro del marco del plan de reformas y desregulación impulsado por la gestión libertaria. Los gremios aseguran que la medida forma parte de un proceso más amplio de desmantelamiento de empresas públicas estratégicas.
Intercargo cumple actualmente funciones clave dentro de la actividad aérea argentina, brindando servicios de asistencia en tierra a vuelos nacionales e internacionales en distintos aeropuertos del país. Su posible privatización genera fuerte preocupación entre trabajadores del sector y organizaciones sindicales vinculadas al transporte.
Durante las últimas semanas, distintos gremios aeronáuticos realizaron protestas, asambleas y medidas de fuerza en rechazo al avance privatizador. Los sindicatos sostienen que la venta de la empresa podría derivar en despidos, precarización laboral y pérdida de control estatal sobre servicios considerados estratégicos.
Desde el gobierno nacional defienden el proceso de privatización argumentando que forma parte del programa de reducción del gasto público y modernización del Estado. Funcionarios libertarios sostienen que la participación privada permitirá mejorar eficiencia y reducir costos operativos dentro del sistema aeroportuario.
Sin embargo, sectores opositores y dirigentes gremiales cuestionan el rumbo del Ejecutivo y advierten sobre posibles consecuencias económicas y laborales. También remarcan que la actividad aeronáutica posee un fuerte componente estratégico vinculado a conectividad, seguridad y soberanía operativa.
La denuncia judicial vuelve además a colocar en el centro del debate el alcance de las reformas impulsadas por Milei y Caputo, especialmente en áreas sensibles vinculadas a infraestructura, transporte y empresas estatales.
Mientras el conflicto continúa creciendo, trabajadores aeronáuticos anticiparon que seguirán impulsando medidas gremiales y acciones legales para intentar frenar el avance privatizador sobre Intercargo y otras empresas públicas consideradas estratégicas para el funcionamiento del país.
