El Gobierno nacional celebró la desaceleración de la inflación de abril como un triunfo económico, pero distintos analistas advierten que el alivio es parcial y que el índice acumulado ya superó en apenas cuatro meses la pauta inflacionaria prevista para todo 2026. La pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo continúan golpeando con fuerza a gran parte de la sociedad argentina.
El dato de inflación de abril generó una fuerte reacción del oficialismo, que salió rápidamente a presentar la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor como una señal contundente del éxito del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo. Sin embargo, detrás del festejo gubernamental comenzaron a aparecer múltiples cuestionamientos de economistas y especialistas que advierten que la baja del IPC todavía no alcanza para modificar el deterioro social y económico que atraviesa el país. El artículo publicado por Página/12 definió el momento como “el festejo excesivo del gol del descuento”, una metáfora futbolera para describir una celebración que, según sus críticos, llega demasiado temprano.
La inflación desaceleró por primera vez en varios meses consecutivos, pero el acumulado del primer cuatrimestre ya superó la pauta anual que el propio Gobierno había proyectado para todo el año 2026. Ese dato encendió alarmas entre consultoras privadas y sectores productivos, que observan con preocupación la persistencia de precios elevados en alimentos, servicios y productos esenciales. Incluso utilizando fórmulas alternativas de medición que el oficialismo descartó, distintos especialistas sostienen que la inflación real continúa siendo considerablemente alta para el nivel de ajuste aplicado sobre la economía.
El Gobierno apuesta a instalar la idea de que la estabilización ya comenzó y que el descenso inflacionario terminará impactando positivamente en el bolsillo de la población durante los próximos meses. Sin embargo, los números del consumo y de la actividad económica muestran un panorama más complejo. Comercios, pequeñas empresas y sectores industriales siguen registrando caídas en ventas, mientras aumenta la preocupación por la reducción del ingreso disponible de las familias argentinas. Distintos informes sostienen que el poder adquisitivo todavía se encuentra por debajo de los niveles previos a la llegada de Milei a la Casa Rosada.
Uno de los puntos más cuestionados es que la desaceleración inflacionaria se consiguió en gran parte mediante una fuerte contracción económica. El ajuste sobre salarios, jubilaciones, obra pública y transferencias a provincias impactó directamente sobre la circulación del dinero y el consumo interno. Economistas críticos señalan que el freno parcial de precios no responde necesariamente a una recuperación estructural sino a una caída profunda de la demanda provocada por el deterioro de la capacidad de compra de millones de personas.
En paralelo, distintos analistas advierten que mayo tampoco mostraría una desaceleración contundente y que varios rubros continúan registrando aumentos importantes. Tarifas, transporte, salud y servicios básicos siguen presionando sobre el bolsillo de los trabajadores y jubilados. Además, persiste la incertidumbre respecto al comportamiento del dólar y a la capacidad del Banco Central para sostener la actual política cambiaria sin generar nuevas tensiones inflacionarias en los próximos meses.
Mientras tanto, el oficialismo intenta capitalizar políticamente cualquier dato económico positivo para contrarrestar el impacto de otros escándalos que golpean al Gobierno. En las últimas semanas, la gestión nacional quedó envuelta en controversias vinculadas a funcionarios, denuncias de corrupción y fuertes cuestionamientos sociales por el ajuste. Para distintos sectores de la oposición, la celebración del índice inflacionario forma parte de una estrategia comunicacional destinada a cambiar la agenda pública y recuperar iniciativa política en medio de un clima social cada vez más tenso.
La situación también genera preocupación en las provincias y municipios, donde la caída del consumo y de la recaudación comienza a afectar el funcionamiento de distintas áreas del Estado. Gobernadores e intendentes vienen advirtiendo sobre una reducción importante en las transferencias nacionales y en la actividad económica regional. En muchos distritos, la combinación entre ajuste, menor circulación de dinero y caída del empleo ya empieza a sentirse con fuerza en comercios, industrias y economías locales.
En ese contexto, el debate económico en Argentina continúa profundamente polarizado. Mientras el Gobierno insiste en que está llevando adelante el “ordenamiento” más importante de las últimas décadas, sectores opositores y especialistas sostienen que la desaceleración inflacionaria todavía no alcanza para hablar de recuperación. La discusión gira ahora en torno a cuánto tiempo podrá sostenerse un modelo basado en el ajuste permanente y qué consecuencias sociales tendrá una economía que, aunque reduzca parcialmente la inflación, sigue mostrando fuertes señales de recesión y pérdida de calidad de vida para amplios sectores de la población.
Fuente: Página 12
