La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional presentó un informe crítico sobre la situación de los derechos humanos en Argentina y alertó sobre un crecimiento de la represión estatal, detenciones arbitrarias y violencia policial.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó un nuevo informe anual en el que denunció un incremento de los casos de violencia institucional durante el gobierno de Javier Milei. El organismo de derechos humanos aseguró que en los últimos meses crecieron los episodios de represión policial, detenciones arbitrarias y utilización desmedida de fuerzas de seguridad en protestas sociales y conflictos callejeros.
El documento fue difundido durante una actividad pública realizada en Plaza de Mayo, donde referentes de CORREPI cuestionaron duramente las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno nacional y por el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich. Según señalaron, existe un endurecimiento represivo orientado a disciplinar la protesta social en medio de la crisis económica y el ajuste aplicado por la administración libertaria.
Entre los principales puntos del informe aparecen denuncias sobre uso excesivo de la fuerza durante movilizaciones, aumento de detenciones en protestas y casos de violencia policial en barrios populares. CORREPI sostuvo además que se registró un crecimiento de discursos oficiales que “legitiman la represión” y promueven una mayor intervención policial frente a manifestaciones sociales.
La organización también advirtió sobre situaciones ocurridas durante distintas protestas frente al Congreso y movilizaciones sindicales realizadas en los últimos meses. Según denunciaron, en varios operativos hubo utilización de gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones de manifestantes y periodistas. Desde CORREPI consideran que el Gobierno impulsa una política de “criminalización de la protesta social”.
En paralelo, el informe incluyó estadísticas sobre muertes producidas en contextos de intervención de fuerzas de seguridad. El organismo sostiene que continúan registrándose casos de gatillo fácil, fallecimientos en lugares de detención y hechos vinculados a violencia policial en distintas provincias del país. CORREPI remarcó además que muchas situaciones no alcanzan visibilidad pública ni llegan a instancias judiciales efectivas.
Desde el Gobierno nacional rechazan esas acusaciones y defienden la política de seguridad aplicada desde diciembre de 2023. Funcionarios oficiales sostienen que las medidas impulsadas buscan garantizar el orden público, combatir delitos y evitar cortes permanentes de calles y accesos durante protestas. Patricia Bullrich reiteró en distintas oportunidades que “la calle no puede estar tomada” y defendió el protocolo antipiquetes implementado por Nación.
El debate sobre seguridad y derechos humanos volvió así a instalarse con fuerza en la agenda política argentina. Mientras organismos sociales y de derechos humanos denuncian un endurecimiento represivo, sectores oficialistas y parte de la sociedad respaldan medidas más estrictas frente a protestas y conflictos callejeros. La discusión aparece además atravesada por la crisis económica, la conflictividad social y el creciente clima de polarización política.
En ese escenario, el informe presentado por CORREPI vuelve a poner bajo discusión el rol de las fuerzas de seguridad y las políticas estatales frente a la protesta social. La organización anticipó que continuará documentando casos de violencia institucional y reclamó mayores controles judiciales y políticos sobre los operativos policiales. Mientras tanto, el enfrentamiento entre el Gobierno y los organismos de derechos humanos sigue profundizándose en uno de los debates más sensibles de la actualidad argentina.
Fuente: Infonews
