El gobernador Martín Llaryora anunció un fondo de emergencia de $2.000 millones para sostener instituciones que trabajan con personas con discapacidad. En el mismo acto, apuntó contra el Gobierno nacional por la falta de aplicación de la ley vigente.
La crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad sumó un nuevo capítulo en Córdoba, donde el gobernador Martín Llaryora anunció un fondo de emergencia provincial para contener a instituciones que atraviesan una situación crítica. La medida llega en un contexto de fuerte tensión entre la Nación y las provincias por el financiamiento de políticas sociales.
El programa, denominado “Córdoba Sostiene”, contará con una inversión de 2.000 millones de pesos y apunta a garantizar la continuidad de organizaciones que brindan servicios esenciales. Según se informó, los fondos podrán destinarse a gastos corrientes, pago de profesionales e insumos básicos para evitar el cierre de espacios de atención.
El anuncio no fue solo administrativo. Durante el acto, el mandatario provincial lanzó una crítica directa al Gobierno nacional por la situación del sector. “Es increíble que en Argentina se voten leyes y no se ejecuten”, expresó, en referencia a la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso pero con dificultades en su implementación.
El eje del conflicto está en la falta de financiamiento. Desde la Provincia sostienen que la interrupción o demora de aportes nacionales, como los vinculados a programas de salud y asistencia, generó un escenario límite para muchas instituciones. En algunos casos, advierten que la continuidad de prestaciones está en riesgo.
La situación afecta directamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Centros de día, espacios terapéuticos y organizaciones sociales cumplen un rol clave en la inclusión y atención de personas con discapacidad, y su debilitamiento impacta de manera directa en miles de familias.
En ese marco, el gobierno provincial planteó que el fondo de emergencia busca “sostener el entramado institucional” y evitar un colapso del sistema. La decisión también refleja una estrategia política: cubrir con recursos propios un vacío que, según denuncian, debería ser responsabilidad del Estado nacional.
El debate de fondo vuelve a ser el mismo: el alcance del ajuste fiscal y sus consecuencias sociales. Mientras desde el gobierno nacional se prioriza el equilibrio de las cuentas públicas, desde las provincias y distintos sectores sociales advierten que ese camino tiene impactos concretos en áreas sensibles como salud, educación y discapacidad.
Así, el anuncio de Córdoba no solo responde a una urgencia local, sino que se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del Estado y la ejecución de políticas públicas. En un escenario donde las leyes existen pero su aplicación está en disputa, la pregunta vuelve a ser la misma: quién sostiene, en los hechos, a los sectores más vulnerables.
Fuente: La nueva mañana
