Se profundiza la polémica en torno al titular de ARCA luego de que se solicitara formalmente su citación a indagatoria por presuntas irregularidades patrimoniales vinculadas a propiedades en Miami valuadas en más de 2,1 millones de dólares.
La presentación judicial sostiene que esos inmuebles no habrían sido correctamente informados en declaraciones patrimoniales, lo que podría configurar inconsistencias de relevancia para la investigación.
El caso genera especial impacto político debido a que ARCA es un organismo clave en materia recaudatoria y de control tributario. Por ese motivo, la denuncia suma presión institucional y expone al Gobierno en un área sensible vinculada a transparencia pública.
Desde sectores opositores reclamaron explicaciones inmediatas y pidieron que se esclarezca el origen de los fondos, así como la situación patrimonial completa del funcionario. También cuestionaron el silencio oficial frente al avance del expediente.
Cerca del funcionario niegan irregularidades y sostienen que la información fue presentada conforme a derecho, aunque por ahora no se difundieron detalles públicos exhaustivos.
El episodio se suma a otras controversias que afectan a la administración nacional y vuelve a instalar el debate sobre exigencias éticas para quienes ocupan cargos estratégicos en el Estado.
