Las modificaciones promovidas por el gobierno argentino en el sistema de practicaje y pilotaje marítimo comenzaron a generar repercusiones fuera del país. En Uruguay, distintos actores vinculados a la actividad portuaria expresaron inquietud por el posible impacto que podría tener la desregulación anunciada por la administración de Javier Milei, especialmente en la navegación compartida sobre el Río Uruguay y otras vías estratégicas de la región.
El eje del conflicto gira en torno a un decreto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger que apunta a flexibilizar el esquema vigente para la asistencia técnica obligatoria que reciben los buques al ingresar o transitar determinadas zonas. Desde el oficialismo sostienen que la medida busca bajar costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino, pero el sector advierte que también puede alterar controles históricos vinculados a la seguridad náutica.
En Uruguay, la Corporación de Prácticos del Río Uruguay manifestó “gran preocupación” por la iniciativa y alertó que cualquier modificación unilateral en zonas de uso compartido podría derivar en problemas operativos, jurídicos y de coordinación binacional. El practicaje es considerado una tarea clave para prevenir accidentes, encalladuras y daños ambientales en corredores fluviales complejos.
Fuentes empresarias del sector naviero argentino también cuestionaron la reforma y señalaron que una apertura abrupta podría generar incertidumbre en un servicio estratégico para el ingreso y egreso de mercaderías. Algunos referentes incluso remarcaron que la medida se avanzó sin suficiente diálogo técnico con operadores privados ni organismos especializados.
La polémica suma además un componente geopolítico, ya que tanto Argentina como Uruguay dependen de una coordinación permanente para el funcionamiento de puertos, canales y rutas comerciales comunes. Por eso, desde Montevideo observan con atención cómo evolucionará la decisión argentina y si finalmente se traducirá en nuevas reglas para la navegación regional.
Mientras tanto, el debate continúa abierto. El Gobierno argentino defiende la desregulación como parte de su plan de reformas estructurales, mientras que trabajadores, empresarios y autoridades extranjeras advierten que en temas sensibles como la seguridad marítima cualquier cambio requiere consensos amplios y previsibilidad institucional.
Fuente: LPO
