El Ministerio de Capital Humano advirtió que, si se restablece el pago del programa «Volver al Trabajo» para casi un millón de beneficiarios, no podrá financiar los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables, que son dos medidas que aún no existen pero, asegura, están en carpeta. Pettovello adelantó que el Gobierno apelará la sanción.
El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, emitió un comunicado oficial que profundiza el conflicto en torno al fin del programa «Volver al Trabajo». En un texto que incluye una amenaza velada a la educación de los más vulnerables, la cartera informó que el programa finalizó por cumplir su plazo de vigencia de dos años, y que ya se había convocado a los beneficiarios para acceder a vouchers de capacitación laboral.
La Justicia Federal de Campana dictó una medida cautelar, ordenando restablecer el pago a casi un millón de beneficiarios del programa vencido. Frente a esto, el Ministerio anunció que apelará la decisión y, en un giro argumental, advirtió que acatar el fallo judicial tendría «graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial». Las consecuencias, según el comunicado, serían la eliminación de dos políticas que Pettovello tendría planificadas pero que todavía no se concretaron: los vouchers de formación laboral y la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país.
El razonamiento del Ministerio, por un lado, señala que el programa «Volver al Trabajo» está vencido. Por el otro, sostiene que si se le ordena pagar a casi un millón de personas (algo que la Justicia aún no definió en definitiva, sino como medida cautelar), entonces no podrá financiar esos otros dos programas antes mencionados que tiene en carpeta. Es decir, la conclusión es que o se paga el “Volver al Trabajo”, o se suspenden la capacitación laboral y la doble escolaridad.
Lo que parece firme es que quienes pagan el famoso superávit fiscal al final son siempre los mismos, los que más necesitan. Y todo sin mencionar que se está hablando de partidas presupuestarias distintas, por lo que es una decisión política amenazar la escolaridad primaria en escuelas vulnerables y mostrar que cualquier exigencia judicial tendrá consecuencias sociales inmediatas. El gobierno apelará el fallo, pero mientras tanto, queda en evidencia qué prioridades reales tiene este Ministerio de Capital Humano.
Fuente: Infogremiales
