El gobernador bonaerense participó de una audiencia clave ante la Corte Suprema por una deuda de $2,3 billones que la Nación mantiene con la provincia. El máximo tribunal fijó un plazo para que el Gobierno presente una propuesta de pago.
El gobernador Axel Kicillof se presentó ante la Corte Suprema en una audiencia decisiva para reclamar una deuda de $2,3 billones que el Estado nacional mantiene con la provincia, en un conflicto que escala y profundiza la tensión política.
El eje del reclamo está vinculado a los fondos previsionales que la ANSES debe transferir a Buenos Aires por su sistema jubilatorio propio, recursos que —según denuncian desde la provincia— dejaron de enviarse desde 2024.
Durante la audiencia, ambas partes expusieron sus posiciones ante el tribunal, que actúa como mediador en busca de un acuerdo que evite una resolución judicial directa. Se trata de la segunda instancia de negociación en el año.
Como resultado del encuentro, la Corte fijó un plazo concreto: el Gobierno nacional deberá presentar una propuesta de pago el próximo 10 de junio, en lo que se considera un avance dentro de una disputa que lleva más de dos años sin resolución.
Desde la administración bonaerense sostienen que la deuda no es un tema aislado, sino parte de un conflicto más amplio. Actualmente, la provincia mantiene al menos ocho reclamos judiciales contra Nación por distintos fondos recortados.
El propio Kicillof advirtió que el total de recursos en disputa supera ampliamente esa cifra puntual y alcanza niveles que representan una porción significativa del presupuesto provincial, lo que impacta directamente en la gestión.
El origen del conflicto se remonta a la suspensión de transferencias obligatorias hacia las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias al sistema nacional, una decisión que generó fuertes reclamos en distintas jurisdicciones.
En ese contexto, la audiencia no solo tiene un componente técnico, sino también político. Expone el creciente enfrentamiento entre el gobierno nacional y una de las provincias más grandes del país.
Además, el caso pone en discusión el esquema de financiamiento federal y el rol del Estado en la distribución de recursos, en un momento de fuerte ajuste fiscal y reconfiguración de las cuentas públicas.
La disputa por la deuda no es solo un expediente judicial. Es una señal de un conflicto más profundo entre Nación y provincias. Cuando los recursos se convierten en terreno de disputa política, lo que está en juego no es solo el equilibrio fiscal, sino la capacidad del Estado —en todos sus niveles— para sostener derechos y garantizar funcionamiento. Y en ese escenario, la resolución del conflicto dirá mucho más que quién tiene razón: dirá hacia dónde va el modelo de país.
Fuente: Politica Argentina
