En medio del escándalo que lo tiene como protagonista, el responsable del equipo ministerial libertario irá al Congreso a brindar su primer informe de gestión. El bloque alineado con Kicillof pide explicaciones por los fondos recortados.
El jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, irá a la Cámara de Diputados el miércoles 29 de abril para brindar su informe de gestión y responder las preguntas que se enfocarán en el estado de situación de la administración libertaria y, sobre todo, en su situación política y judicial. Su presencia, si es que no se cancela, se dará en medio de un escándalo que lo tiene como principal protagonista por la aparición de la compra de propiedades, viajes al exterior y reformas en su casa desde que es funcionario público.
Con ese contexto, legisladores de Fuerza Patria que responden al gobernador Axel Kicillof llevarán al recinto una serie de preguntas en relación a la deuda que la administración provincial le reclama al Estado nacional por recortes que se ejecutaron desde que Javier Milei asumió la Presidencia.
Los bonaerenses le preguntará a Adorni por la deuda de 2,2 billones de la ANSES con el Instituto de Previsión Social (IPS). Exigirán precisiones sobre el monto que reconoce, detalle los períodos impagos y el cronograma previsto para su cancelación. Si el jefe de gabinete no reconoce la deuda, el peronismo bonaerense pedirá que Adorni fundamente jurídicamente sus decisiones e informe si el Poder Ejecutivo “evaluó el impacto de la retención de dichos fondos sobre la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones bonaerense y sobre los más de 17 millones de habitantes de la provincia”.
También habrá una consulta sobre el recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que funcionó durante 26 años consecutivos y que Milei cortó. El Fondo fue creado por una ley que todavía no fue derogada por el Congreso ni declarada inconstitucional por la Justicia. “¿Puede precisar el Poder Ejecutivo cuál es el fundamento jurídico para suspender de hecho la aplicación de una ley nacional vigente? ¿Mediante qué acto administrativo se dispuso la interrupción del pago? ¿Reconoce el Poder Ejecutivo que la no ejecución de una partida presupuestaria aprobada por ley del Congreso constituye un incumplimiento de las obligaciones legales del PEN?”, cuestionan los bonaerenses en las preguntas que ya se adelantaron al jefe de gabinete.
En ese tramo de los cruces, los bonaerenses pedirán que el exvocero informe el monto total adeudado a cada provincia en concepto de FONID desde la interrupción del pago hasta la fecha, como así también que precise si el Poder Ejecutivo “evaluó el impacto de esta decisión sobre los salarios docentes y, en consecuencia, sobre la calidad del servicio educativo en todo el territorio nacional”.
Según pudo saber Buenos Aires/12, los representantes del peronismo en la provincia más grande del país sumaron una consulta sobre la derogación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (FoFoFi), que había sido creado en 2020 para compensar el desequilibrio de la coparticipación federal que afecta a la provincia y estaba destinado al pago de salarios de la Policía bonaerense. “¿Cuál es el fundamento jurídico y fiscal invocado por el Poder Ejecutivo para derogar el FoFoFi? ¿Se elaboró un informe técnico previo que evaluara el impacto de la derogación sobre las finanzas provinciales, la prestación de servicios de seguridad y la capacidad operativa de la Policía bonaerense?”, cuestionó.
Sobre este punto, el reclamo a Adorni es que informe “cuántos recursos dejó de percibir la provincia de Buenos Aires desde la derogación hasta la fecha en concepto de FoFoFi, y cómo evalúa el Poder Ejecutivo el impacto de esa quita sobre los indicadores de seguridad de la provincia más poblada del país” y remató: “¿Considera el Poder Ejecutivo que es fiscalmente sostenible que la provincia que más aporta al tesoro nacional sea, al mismo tiempo, la más perjudicada en la distribución de recursos?”.
En rigor, las preguntas que enviaron los peronistas bonaerenses se focalizaron sobre en los recortes que terminaron en causas abiertas en la Corte Suprema, por lo que también se consultó sobre el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros, dado que Nación había señalado que la Provincia no cumplió con las rendiciones correspondientes, por lo que pidió precisiones. “Si la provincia efectivamente cumplió con la totalidad de las rendiciones, ¿cuál es entonces el motivo real de la retención de los fondos y cuándo procederá a su pago?“, se pregunta, mientras se exige que Adorni ”informe el monto total adeudado a la provincia de Buenos Aires en concepto de Fondo de Compensación de Transporte Público, discriminado por período”.
El jefe de gabinete también deberá responder sobre el recorte del sistema de compensaciones económicas automáticas establecidas en el Consenso Fiscal, cuyo monto asciende a 1,3 billones de pesos. “¿Reconoce el Poder Ejecutivo la existencia de esta deuda? En caso afirmativo, precise el monto que reconoce, los períodos impagos y el cronograma previsto para su cancelación”, se cuestiona al tiempo que se solicita información respecto a “si la provincia de Buenos Aires cumplió con la totalidad de los compromisos que el Consenso Fiscal le imponía”. “En caso de que el Poder Ejecutivo alegue algún incumplimiento provincial como justificación para la retención, detalle cuál es específicamente y en qué constancias se funda”, plantea la pata bonaerense de Unión por la Patria.
Los diputados también giraron preguntas sobre el recorte a la obra pública, en línea con el accionar de más de 150 intendentes que se manifestaron días atrás en las puertas del Ministerio de Economía. “La paralización unilateral de 841 obras en la provincia de Buenos Aires constituye un incumplimiento tanto de la ley de presupuesto como de los contratos administrativos ya firmados con las empresas constructoras, muchas de las cuales habían comenzado los trabajos y movilizado recursos”, señalan, al tiempo que estipulan que a marzo de 2026, la deuda que la Nación mantiene con la provincia de Buenos Aires por obras públicas paralizadas y programas discontinuados asciende a $15,6 billones.
Por eso requieren información sobre “si efectivamente fueron realizadas las auditorías sobre las obras paralizadas que el gobierno invocó como justificación de la suspensión”. En caso afirmativo, los diputados piden que Adorni “remita los informes correspondientes”. “¿Cuántas de las 841 obras fueron auditadas, cuántas aprobadas, cuántas observadas y con qué resultado; y cuándo se retomarán los pagos por obras ya certificadas y contratos vigentes”, preguntan.
En esa plano también se exigen datos concretos respecto a la cantidad de trabajadores que perdieron su empleo como consecuencia directa de la paralización de las obras en territorio bonaerense; y cuántas empresas constructoras iniciaron reclamos judiciales contra el Estado Nacional por incumplimiento contractual y cuál es el monto total reclamado en sede judicial.
“¿Tiene el Gobierno Nacional proyectado regularizar la totalidad de estas deudas durante el ejercicio 2026?”, le preguntarán a Adorni en el Congreso, donde el jefe de gabinete, en el ojo de la tormenta por las investigaciones judiciales sobre su patrimonio deberá ensayar una respuesta respecto a “por qué el Poder Ejecutivo considera admisible mantener una deuda acumulada de esta magnitud con la provincia más poblada del país mientras exhibe superávit fiscal como principal logro de su gestión”.
Fuente: Pagina 12
