Crece el reclamo judicial contra el desfinanciamiento a este tipo de escuelas nacionales que determina el Presupuesto 2026.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 resolvió dar curso como acción colectiva a un amparo presentado por familias de estudiantes de escuelas técnicas públicas contra desfinanciamiento que determina el artículo 30 del Presupuesto 2026, en un fallo que reconoce el carácter estructural del reclamo.
Se trata del primer amparo colectivo que cuestiona el recorte al financiamiento de la educación técnico-profesional a nivel nacional. En esta instancia inicial, la Justicia consideró que existe una afectación común y homogénea sobre el conjunto de estudiantes del sistema técnico estatal y, en función de ello, dispuso que la causa tramite como proceso colectivo, con efectos que alcanzan a toda la población involucrada.
La demanda apunta contra las modificaciones introducidas por el Presupuesto 2026 que eliminaron mecanismos centrales de financiamiento educativo, entre ellos el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional y los pisos mínimos de inversión en educación, ciencia y tecnología.
Además del planteo de fondo, los demandantes solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación del artículo cuestionado mientras se resuelve el litigio. El objetivo es evitar que el desfinanciamiento impacte de manera inmediata en las condiciones de cursada, el equipamiento, la infraestructura, los insumos y las prácticas profesionalizantes de las escuelas técnicas.
La resolución judicial representa un paso relevante en el proceso, ya que reconoce que el conflicto no se limita a casos individuales, sino que configura una afectación generalizada al derecho a la educación técnico-profesional, en un contexto de cambios en el esquema de financiamiento vigente.
El amparo contra el desfinanciamiento de la educación técnica en el Presupuesto 2026
A inicios de enero pasado, los padres de dos estudiantes menores habían presentado un recurso de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11 de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de frenar el vaciamiento de la Educación Técnico Profesional (ETP).
Según los denunciantes, desde la sanción de la ley original de Educación Técnica “no se ve semejante encono con la Educación en nuestro país”. Al hacer el análisis presupuestario, el recorte provocado por la administración libertaria alcanza un 93% en el Presupuesto 2026 si se lo compara con valores equivalentes de 2023.
La Ley de ETP establece que el Estado debe invertir el 0,2% de los ingresos corrientes en el fondo para la educación técnica, lo que hoy equivaldría a unos 322 mil millones de pesos. Sin embargo, el Gobierno dispuso arbitrariamente otorgar sólo 11 mil millones de pesos
Fuente: El Destape
