La posibilidad de una Ley de Eutanasia en Argentina se instala, cada tanto, en la agenda nacional y, estos últimos días, resurgió por un caso que tomó estado público a nivel mundial: se trata de Noelia Castillo Ramos, una joven española a la que le fue concedido el derecho de tener una muerte asistida, tras recibir tres fármacos por vía intravenosa.
Actualmente, existen tres proyectos que tienen el objetivo de lograr una regulación más específica que supere a la actual Ley de Muerte Digna (26.742) y, de ese modo, lograr la legalización de la eutanasia activa y el suicidio asistido, no sólo ante enfermedades graves e incurables, sino también en situaciones de dolores insoportables o enfermedades mentales que deterioren la vida cotidiana de la persona.
La normativa actual, sancionada en 2012, garantiza el derecho a morir “sin sufrimiento desmesurado” y le permite a los pacientes mayores de edad rechazar tratamientos médicos, de hidratación o alimentación que prolonguen su vida, denominado eutanasia pasiva, pero no así el suicidio asistido que, hasta hoy, continúa prohibido por el Código Penal.
Además del proyecto Ley Alfonso, impulsado en 2024 por las legisladoras peronistas Gabriela Estévez y Carolina Gaillard, que se enfocó en la muerte voluntaria médicamente asistida, y la iniciativa denominada Ley de Buena Muerte, presentada por los radicales Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace, existen otros tres proyectos que aún tienen estado parlamentario como es el de la exsenadora Silvina García Larraburu y los textos de los diputados Miguel Ángel Pichetto y Martín Ardohain.
Régimen para la Regulación de la Eutanasia y el Suicidio Medicamente Asistido
García Larraburu aseguró que esta ley “ya se dio en varios países del mundo” y la Argentina “no puede permanecer al margen”, más allá de que “tiene que ver con la dignidad” de las personas.
Su iniciativa denominada Régimen para la Regulación de la Eutanasia y el Suicidio Medicamente Asistido, presentada en noviembre del año pasado, tiene como objetivo principal que toda persona tenga el derecho de “solicitar y recibir asistencia médica para poner fin a su vida” de manera “digna, voluntaria e informada” y conocer las condiciones establecidas.
Fuente: La Nueva Mañana
