Diputados que integraron la comisión investigadora del caso $LIBRA anunciaron que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano por presunto encubrimiento y entorpecimiento de la causa. El conflicto ya no es solo judicial: expone una crisis política de fondo que golpea al gobierno de Javier Milei.
El escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo que profundiza su gravedad institucional. Los ex integrantes de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados confirmaron que avanzarán con una denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano, a quien acusan de haber frenado el avance de la causa y de actuar en favor de los implicados.
La decisión fue anunciada por el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión, quien no dudó en calificar el caso como una “estafa y un hecho de corrupción millonario”, señalando además que el presidente Javier Milei habría tenido un rol central en la maniobra.
La acusación contra Taiano es contundente: los legisladores sostienen que existió “entorpecimiento de la investigación” y un posible encubrimiento, al no avanzar con medidas clave pese a contar con información relevante desde hace meses.
Una causa paralizada y bajo sospecha
El núcleo del conflicto gira en torno a la falta de avances concretos en la investigación judicial. Según denunciaron los diputados, la fiscalía tuvo acceso a pruebas sensibles —como peritajes, comunicaciones y posibles vínculos entre funcionarios y empresarios cripto— sin que eso derivara en citaciones o imputaciones.
Incluso señalaron que el accionar del fiscal habría limitado el trabajo de la propia comisión legislativa, impidiéndole acceder a información clave durante su investigación.
Este punto es central: no se trata solo de una demora, sino de la sospecha de una intervención activa para frenar el esclarecimiento del caso.
El rol del Gobierno bajo la lupa
En paralelo, la comisión decidió avanzar también sobre el Poder Ejecutivo. Los diputados anunciaron pedidos de informes para que funcionarios como Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel expliquen sus vínculos y comunicaciones con el empresario Mauricio Novelli, uno de los principales involucrados.
Además, se impulsará la interpelación de funcionarios clave, como el jefe de Gabinete, en un intento por trasladar la discusión al Congreso y obligar al oficialismo a dar explicaciones públicas.
Las acusaciones son de alto voltaje político. Ferraro llegó a afirmar que el caso implica una “malversación de la investidura presidencial”, elevando el conflicto a una dimensión institucional inédita.
De escándalo financiero a crisis de poder
El caso $LIBRA dejó de ser una simple controversia vinculada al mundo cripto. Con el correr de los meses, se transformó en un entramado que involucra política, negocios, influencias y ahora también a la propia Justicia.
Las revelaciones sobre contactos, contratos y posibles beneficios económicos —sumadas a la falta de avances judiciales— alimentan la hipótesis de una red de responsabilidades que aún no fue completamente expuesta.
En ese contexto, la denuncia contra el fiscal marca un punto de inflexión: la oposición ya no solo cuestiona al Gobierno, sino también al funcionamiento del sistema judicial.
Cuando una causa de esta magnitud no avanza, la pregunta deja de ser qué pasó… y pasa a ser quién la está frenando.
El caso $LIBRA ya no es solo un escándalo económico: es una prueba de estrés para la democracia argentina. Porque si la Justicia no investiga, el problema no es una criptomoneda… es el sistema entero.
