El dirigente sindical Jorge Sola ratificó que la CGT continuará con su estrategia judicial contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Tras un primer revés en tribunales, la central obrera insiste en que la pelea recién empieza.
La disputa por la reforma laboral entró en una nueva etapa. Luego de no lograr frenar su aprobación en el Congreso ni torcer la voluntad política del oficialismo y sus aliados, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió apostar fuerte a la vía judicial como principal herramienta de resistencia.
En ese marco, uno de sus principales referentes, Jorge Sola, dejó en claro que la estrategia no solo se mantiene, sino que se profundiza: “se continuará dando la pelea”. La definición no es menor, sobre todo después del primer golpe judicial que recibió la central sindical, cuando un tribunal rechazó una medida cautelar que buscaba suspender artículos clave de la ley.
Lejos de retroceder, la CGT reformuló su ofensiva y avanzó con nuevas presentaciones, esta vez directamente en el fuero laboral, donde busca discutir la constitucionalidad de la reforma.
De la calle al expediente judicial
El camino de la CGT no empezó en los tribunales. Según recordó el propio Sola, la central agotó primero la vía política: reuniones con legisladores, gobernadores y funcionarios, además de movilizaciones masivas y un paro general que reunió a cientos de miles de trabajadores en las calles.
Sin embargo, ninguna de esas instancias logró frenar el avance de la ley. El Congreso aprobó la reforma y dejó al sindicalismo ante un escenario adverso, obligándolo a redefinir su estrategia.
Así, la judicialización se convirtió en el principal frente de batalla. La CGT sostiene que varios artículos de la norma vulneran derechos laborales protegidos por la Constitución, como el derecho a huelga, la protección contra el despido arbitrario y la negociación colectiva.
Un conflicto que va más allá de lo legal
El planteo de fondo del sindicalismo no es solo jurídico, sino político. Para Sola, la reforma forma parte de un modelo económico que no contempla el desarrollo productivo y que, según denunció, ya está generando consecuencias concretas: caída del empleo, cierre de empresas y deterioro del poder adquisitivo.
En ese sentido, el dirigente fue más allá del conflicto puntual y llamó al peronismo a construir una alternativa política frente al rumbo del gobierno de Javier Milei. La CGT, así, no solo se posiciona como actor gremial, sino también como parte de una oposición más amplia en construcción.
El escenario es complejo. A diferencia de antecedentes recientes —como el freno judicial al capítulo laboral del DNU 70—, en este caso se trata de una ley sancionada por el Congreso, lo que le otorga mayor peso institucional y dificulta su impugnación.
La pelea por la reforma laboral recién empieza y ya tiene múltiples frentes: el Congreso, la calle y ahora la Justicia.
Pero hay algo más profundo en juego. Porque cuando el conflicto entre el gobierno y el movimiento obrero escala a este nivel, lo que se discute no es solo una ley: es el modelo de país.
Y en esa disputa, la CGT dejó en claro que no piensa retroceder.
