El sector público registró en febrero un superávit primario de $1,4 billones y financiero de más de $144.000 millones. El dato fortalece el discurso oficial, pero abre el debate sobre el costo social del ajuste.
El Gobierno nacional volvió a mostrar uno de sus principales logros de gestión: el superávit fiscal. En febrero, el Sector Público Nacional registró un resultado primario positivo de 1,4 billones de pesos, acompañado por un superávit financiero superior a los 144.000 millones.
El dato es consistente con la estrategia económica impulsada por el ministro Luis Caputo, basada en un fuerte recorte del gasto público y la búsqueda de equilibrio en las cuentas del Estado. De hecho, el superávit ya se consolidó como uno de los pilares del discurso oficial y una señal clave hacia los mercados.
Sin embargo, detrás de los números aparece una discusión de fondo: el costo del ajuste. Distintos informes señalan que el equilibrio fiscal se alcanzó a partir de una reducción histórica del gasto, con recortes en obra pública, subsidios y transferencias a provincias.
El impacto de estas medidas se traduce en menor actividad económica, caída del empleo en algunos sectores y tensiones con gobiernos provinciales. Al mismo tiempo, la desaceleración de la inflación convive con una economía todavía golpeada.
El superávit ordena las cuentas, pero no necesariamente la economía real. Y cuando el equilibrio fiscal se logra a costa del tejido social, el debate recién empieza.
