Una movilización convocada para reclamar la aplicación efectiva de la emergencia en discapacidad terminó en un clima de tensión y represión policial, luego de que las fuerzas de seguridad intervinieran contra los manifestantes que se concentraban para exigir respuestas del Estado.
La protesta había reunido a organizaciones de personas con discapacidad, familiares, trabajadores del sector y organizaciones sociales que denuncian el deterioro del sistema de atención y asistencia.
Según los organizadores, el objetivo de la marcha era visibilizar la situación crítica que atraviesa el sector y exigir medidas urgentes para garantizar derechos básicos.
Reclamos por financiamiento y acceso a prestaciones
Las organizaciones que participaron de la movilización sostienen que el sistema de atención a la discapacidad atraviesa una crisis estructural que afecta tanto a las personas que requieren asistencia como a los profesionales y centros especializados que brindan servicios.
Entre los principales reclamos se destacan:
- actualización urgente de los aranceles para prestadores
- regularización de pagos atrasados
- mayor financiamiento para políticas de inclusión
- cumplimiento efectivo de la legislación vigente
Según denuncian las entidades del sector, muchas instituciones se encuentran al borde del cierre debido a la falta de recursos y a los retrasos en los pagos por parte del Estado.
Un operativo policial que terminó en violencia
La jornada de protesta terminó en medio de un fuerte operativo policial que derivó en momentos de tensión, corridas y denuncias por el uso de la fuerza contra manifestantes.
Organizaciones de derechos humanos y referentes del sector señalaron que la represión se produjo cuando la movilización intentaba avanzar hacia puntos estratégicos de la ciudad para visibilizar el reclamo.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran empujones, forcejeos y la intervención de efectivos de seguridad para dispersar a los manifestantes.
Una problemática que vuelve a la agenda pública
La emergencia en discapacidad ha sido uno de los temas recurrentes en el debate político y social de los últimos años, especialmente en relación con el financiamiento del sistema de prestaciones.
Las organizaciones advierten que sin una política pública integral que garantice recursos suficientes, miles de personas con discapacidad podrían quedar sin acceso a servicios esenciales.
En ese marco, la movilización y los episodios de represión vuelven a poner en primer plano una problemática que atraviesa a miles de familias en todo el país y que exige respuestas urgentes por parte del Estado.
