Una vez más, bajo la lógica de los acuerdos “estratégicos”, la Argentina parece haber firmado un entendimiento que beneficia ampliamente a Estados Unidos y deja al país en un lugar de subordinación económica y política. El reciente acuerdo de adhesión con la potencia del norte no deja margen para demasiadas interpretaciones: las ventajas están claramente de un solo lado.
El texto del convenio establece una igualdad de trato entre los inversores estadounidenses y los actores locales, incluidos otros inversores extranjeros y el propio Estado argentino. En los hechos, esta supuesta igualdad desdibuja el rol del Estado nacional, limita su capacidad de decisión soberana y lo coloca en el mismo plano que intereses privados extranjeros con enorme poder económico y financiero.
No se trata de una cuestión técnica ni de una discusión ideológica menor. Cuando un país renuncia a diferenciar entre capitales nacionales y extranjeros, cuando se autolimita en su potestad de regular, proteger o priorizar su desarrollo productivo, lo que está en juego es la soberanía económica. Y con ella, la posibilidad de construir un proyecto de país con autonomía, trabajo y valor agregado propio.
Los acuerdos de este tipo suelen presentarse como inevitables, modernos o necesarios para atraer inversiones. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la apertura irrestricta y la cesión de herramientas del Estado no garantizan desarrollo, sino dependencia. Argentina ya transitó ese camino, y los resultados fueron desindustrialización, endeudamiento y pérdida de capacidad de decisión.
Ahora, la responsabilidad se traslada al Congreso de la Nación, donde deberá debatirse y eventualmente ratificarse este acuerdo. Allí, más allá de pertenencias partidarias, se pondrá a prueba la voluntad política de defender los intereses nacionales. Legisladores peronistas y no peronistas tendrán la oportunidad —y la obligación— de actuar a la altura de la historia.
Porque la historia, tarde o temprano, pasa factura. Y cuando los acuerdos se firman a espaldas del interés nacional, los nombres de quienes los avalan quedan expuestos. No como simples votos legislativos, sino como decisiones políticas con consecuencias profundas.
La Argentina no necesita más gestos de alineamiento automático ni tratados que consoliden la desigualdad. Necesita acuerdos que respeten su soberanía, fortalezcan su producción y protejan su futuro. Todo lo demás, por más eufemismos que se utilicen, es una cesión que el país no puede darse el lujo de repetir.
Por Graciela Treber
