Las universidades nacionales denuncian un ahogo financiero sin precedentes. El Gobierno habla de “eficiencia” y “fin de privilegios”, pero la comunidad académica advierte que peligra el ciclo lectivo 2026.
Rectores de universidades públicas de todo el país encendieron las alarmas este fin de semana al advertir que los fondos asignados para 2026 no alcanzan ni siquiera para cubrir gastos básicos de funcionamiento, como servicios, mantenimiento edilicio y salarios docentes. La advertencia llega en medio de una fuerte política de ajuste del gasto público impulsada por el Gobierno nacional.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señalaron que el presupuesto universitario perdió más del 40% de su poder adquisitivo real desde 2023, lo que coloca a varias casas de estudio al borde de la parálisis. Algunas universidades del interior ya analizan reducir comisiones, suspender carreras y limitar actividades de investigación.
El Gobierno respondió con dureza. Funcionarios del Ministerio de Capital Humano sostienen que el sistema universitario “arrastra estructuras sobredimensionadas” y que el ajuste es necesario para terminar con “cajas políticas y militancia paga”. Las declaraciones generaron una fuerte reacción en docentes y estudiantes.
Gremios universitarios anunciaron paros progresivos y una gran movilización federal para las próximas semanas, mientras crece el malestar estudiantil en redes sociales. “No es una discusión ideológica: sin presupuesto no hay clases”, advirtió un rector del conurbano bonaerense.
Especialistas en educación superior alertan que el desfinanciamiento puede provocar una fuga de investigadores, caída en rankings internacionales y un retroceso de décadas en ciencia y tecnología. El conflicto promete convertirse en uno de los ejes políticos del primer trimestre del año.
