El Gobierno Nacional trabaja en un proyecto de ley para que los barrabravas que subsisten en el marco del fútbol profesional argentino sean considerados como organizaciones criminales, de manera de aumentar las penas que se les aplican ante hechos delictivos.
La normativa se encuentra en revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia y, según trascendió, el proyecto pone en el centro de la discusión a los organizadores de eventos deportivos, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar la seguridad en los estadios.
El objetivo es cerrar cualquier brecha legal que permita a las barrabravas operar con impunidad, buscando erradicar el control territorial y financiero que estas organizaciones ejercen dentro y fuera de los estadios.
Los detalles del proyecto oficial contra las barras
Se prevé penalizar a aquellos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso de personas con antecedentes penales, aplicándose de dos a cuatro años de prisión a quienes transporten armas o vendan entradas de protocolo.
La tenencia y transporte de armas, la reventa de entradas de protocolo y el control de estacionamientos por “trapitos” en las inmediaciones de los estadios, serán castigadas penalmente, según el proyecto en estudio.
Al mismo tiempo, los trascendidos sobre el proyecto indican que se apunta a cortar las fuentes de financiamiento de las barras, que se sustentan en prácticas ilegales como las extorsiones y amenazas.
Y los dirigentes deportivos que colaboren con ellos, ya sea entregándoles entradas o manteniendo vínculos conniventes, también estarán bajo investigación, pudiendo enfrentar sanciones de hasta seis años de prisión.
Otra de las medidas que se busca implementar desde el oficialismo es la rigurosidad en las inhabilitaciones administrativas, donde las autoridades podrán prohibir el ingreso a los estadios de personas que estén imputadas por delitos, aunque no haya una sentencia definitiva en su contra.
Fuente: Minuto Uno
