El Gobierno confirmó que este jueves envió al Congreso un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas participen de la lucha contra el terrorismo y otras actividades vinculadas con la seguridad interior realizando patrullajes, controles de personas y vehículos y detenciones en flagrancia.
La propuesta habla de una “opción intermedia” en entre las acciones de apoyo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a la Gendarmería, Policía Federal, Prefectura o Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Estado de Sitio.
El proyecto propone que el Ministerio de Defensa a propuesta de un Comité de Crisis creado en una provincia en riesgo que las FF.AA. apoyen “las operaciones de seguridad interior mediante la afectación de diferentes capacidad”. Para esta tarea habrá un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la subsecretaria de Seguridad Interior de la Nación.
Pero primero el Comité de Crisis deberá calificar la situación como “acciones terroristas que tengan por fin atemorizar a la población y pongan en peligro la vida, la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad o la autodeterminación”.
Entonces, el proyecto estipula que el Comité de Crisis podrá ordenar a las FF.AA. medidas como “patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de puestos de control en puntos fijos o móviles”. Además, “proporcionar seguridad a instalaciones permanentes y no permanentes en zonas especialmente determinadas y por tiempo limitado y la aprehensión en flagrancia”.
Sin embargo, “en caso de detectar un presunto delito, las FF.AA. podrán actuar en flagrancias y comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal competente”.
La actuación de las FF.AA. en este tipo de situaciones deberán contar con la “autorización del gobernador o los gobernadores de las zonas afectadas”.
En estos casos, “el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las fuerzas de seguridad nacionales, quedando expresamente habilitadas la realización de operaciones de seguridad interior en dicho ámbito”.
Además, el ministerio de Defensa -dice el proyecto de borrador que fue anticipado por Clarin.com- “deberá elaborar las reglas de empeñamiento conforme al requerimiento efectuado”.
En ese sentido, precisa que en caso de que los militares debieran usar “medios materiales de coacción en forma disuasiva o efectivo deberán hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional”. Su accionar “será calificado en cumplimiento de deber y por lo consiguiente no punible en los términos del artículo 34 del Código Penal”.
Finalmente, el proyecto señala que las FF.AA. “deberán contar con capacitación técnico y legal correspondiente para intervenir en las acciones previstas, como así también el equipamiento deberán ajustarse a las necesidades operativas de la misión”.
Fuente: La Voz
