Los sistemas que miden y registran los índices de violencia suelen concentrar su atención en homicidios, robos calificados, delitos sexuales, femicidios, robos piraña y otras manifestaciones delictivas. Sin embargo, cometen un grave error al minimizar o directamente ignorar la VIOLENCIA INSTITUCIONAL.
Hablamos de esa violencia que se ejerce de arriba hacia abajo, que emana de las estructuras de poder y que, amparada en la impunidad, la desigualdad social y las formas encubiertas de abuso, constituye un pésimo ejemplo para toda la sociedad.
Es fundamental dimensionar y evaluar el daño que pueden provocar las palabras, los discursos y los mensajes de quienes ejercen el poder sobre nuestra comunidad. Ese daño se profundiza cuando el lenguaje está plagado de epítetos, adjetivos lacerantes, expresiones de odio, mensajes fóbicos, discriminatorios y racistas.
La violencia institucional también se ha manifestado durante décadas en el sistema educativo argentino, cuando se promueve como una supuesta virtud el individualismo exacerbado —es decir, el egoísmo y el egocentrismo—, cuando se reproducen modelos exógenos y se instalan falsedades, como la idea de que somos un país rico por naturaleza, sin considerar las profundas desigualdades existentes. Estas prácticas menoscaban y obstaculizan todo intento de INTEGRACIÓN Y AUTODETERMINACIÓN COMO PUEBLO.
Cuando la máxima autoridad del Estado utiliza una verborragia cargada de desprecio, un lenguaje inapropiado e insensible frente a quienes más necesitan protección, no solamente deteriora la convivencia democrática: también destruye la posibilidad de una construcción política basada en la solidaridad, la inclusión y la justicia social.
Las consecuencias de ese comportamiento institucional son profundas y se expresan en una realidad social alarmante:
Jóvenes que llegan al suicidio en contextos de desprotección y desesperanza.
Jubilados y pensionados que perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Miles de trabajadores despedidos y pequeñas y medianas empresas que cierran sus puertas.
Millones de familias cuyos ingresos y recursos no alcanzan para sostener sus necesidades hasta el día 15 o 20 de cada mes.
Una impunidad que se reproduce y encuentra eco en los gobiernos provinciales, como ocurre en Córdoba con la Caja Provincial de Jubilaciones, que permanece intervenida desde hace 32 años.
La violencia institucional no es una cuestión secundaria ni un problema aislado. Es una práctica que deteriora los vínculos sociales, naturaliza la desigualdad, debilita la confianza pública y abre el camino a otras formas de violencia.
EL FORO SOLIDARIO CÓRDOBA, en representación de los jubilados y pensionados y junto a numerosos sectores sociales, REPUDIA ENÉRGICAMENTE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL, porque constituye una amenaza directa a la convivencia democrática y socava los principios de la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, los PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, LOS PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y LA SOBERANÍA POPULAR.
No habrá una sociedad verdaderamente pacífica, justa e integrada mientras quienes tienen la responsabilidad de gobernar sean los primeros en ejercer y promover la violencia desde las instituciones del Estado.
Por Miguel Berrotaran Integrante del FORO SOLIDARIO CÓRDOBA



