Organizaciones feministas, sindicales y sociales se movilizaron frente a la Legislatura provincial para exigir el tratamiento urgente de la ley de Emergencia en Violencia de Género. Según el relevamiento de Mumalá, Santa Fe registró 49 víctimas de femicidios y otras muertes vinculadas a la violencia de género entre enero y el 19 de noviembre de 2026.
La Legislatura de Santa Fe fue escenario de una nueva movilización de organizaciones feministas, sindicales y sociales que reclamaron la declaración de la Emergencia Provincial en Violencia de Género. Bajo la consigna “Nos siguen matando”, los colectivos exigieron que diputadas y diputados aceleren el tratamiento de los proyectos presentados para enfrentar una problemática que, según las estadísticas difundidas por las organizaciones, continúa agravándose en el territorio provincial. La protesta se realizó el jueves 19 de noviembre, en la antesala del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.
Uno de los datos centrales que impulsó la convocatoria fue el relevamiento de Mumalá, que contabilizó 49 víctimas de femicidios y otras muertes vinculadas a la violencia de género entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2026. La organización detalló que 26 casos corresponden a femicidios directos e íntimos, cuatro a femicidios vinculados, uno a un transtravesticidio, seis ocurrieron en contextos de crimen organizado, diez permanecen bajo investigación, uno fue registrado como suicidio feminicida y otro dentro de la categoría de otras muertes. El informe también contabilizó 87 intentos de femicidio durante el mismo período.
La distribución territorial de los casos muestra una fuerte concentración en las principales ciudades santafesinas. Rosario encabeza el registro con 15 femicidios, seguida por la ciudad de Santa Fe, con 13, mientras que Villa Gobernador Gálvez contabiliza tres. También se registraron hechos en distintas localidades del interior provincial, lo que refleja que la problemática atraviesa tanto los grandes centros urbanos como comunidades más pequeñas. Para las organizaciones convocantes, estas cifras evidencian la necesidad de respuestas que alcancen a todo el territorio y no dependan exclusivamente de intervenciones individuales ante situaciones de violencia.
Desde la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe señalaron que la movilización buscó exigir que los representantes legislativos habiliten el tratamiento de los proyectos de emergencia. Por su parte, Gabriela Sosa, referente de Mumalá, reclamó que la iniciativa pueda discutirse en una próxima sesión y advirtió que cualquier nueva ley debe incorporar perspectiva de género, recursos presupuestarios específicos y políticas concretas de prevención. Las organizaciones sostienen que no alcanza con aprobar herramientas administrativas o judiciales si no se garantiza financiamiento para sostener los dispositivos de asistencia y protección.
El reclamo también expuso las diferencias políticas que atraviesan el debate legislativo. Los proyectos para declarar la emergencia fueron impulsados por la diputada del Frente Amplio por la Soberanía, Claudia Balagué, y por legisladoras del bloque peronista encabezadas por Lucila De Ponti. A comienzos de noviembre, la Comisión de Género, Mujeres y Diversidades emitió un dictamen de minoría luego de que representantes del oficialismo no acompañaran con sus firmas el proyecto unificado. Desde entonces, continúan las negociaciones para alcanzar un texto que pueda reunir los consensos necesarios para avanzar en la Cámara de Diputados.
Uno de los principales puntos de discusión es el alcance de la respuesta estatal. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone un sistema de prevención, protección y gestión integral del riesgo, con niveles de alerta, un registro digital de denuncias y medidas de protección, además de equipos interdisciplinarios. En cambio, las iniciativas opositoras reclaman que se declare expresamente la emergencia por dos años y que se incrementen las partidas presupuestarias para fortalecer la prevención, la asistencia y el acompañamiento de mujeres y diversidades. La oposición considera que la declaración permitiría habilitar recursos extraordinarios frente a la gravedad de la situación.
Durante la movilización también se escucharon cuestionamientos al retiro de políticas públicas nacionales y provinciales destinadas a abordar las violencias por razones de género. Desde las organizaciones señalaron que la eliminación de estructuras institucionales específicas, los discursos discriminatorios y el deterioro de las condiciones económicas profundizan la vulnerabilidad de mujeres y diversidades. Claudia Baigorria, de la CTA Autónoma de Santa Fe, reclamó inversión estatal genuina y sostuvo que las cifras representan situaciones concretas que afectan a familias y comunidades enteras. Desde la Corriente Clasista y Combativa también advirtieron sobre las dificultades que enfrentan las mujeres en los barrios para acceder a asistencia y protección.
La exigencia de una ley de emergencia se produce en un contexto de creciente presión social sobre la Legislatura. Las organizaciones reclaman que la discusión no quede reducida a diferencias partidarias o administrativas y que se traduzca en políticas sostenidas, presupuesto y mecanismos de prevención capaces de actuar antes de que las situaciones de violencia terminen en femicidios. El desafío legislativo pasa ahora por compatibilizar los distintos proyectos y definir qué responsabilidades concretas asumirá el Estado provincial frente a las víctimas y sus entornos.
Mientras continúan las negociaciones parlamentarias, el reclamo de las organizaciones vuelve a poner en primer plano una demanda central del movimiento feminista: que el Estado garantice protección efectiva y recursos para prevenir la violencia de género. Con 49 víctimas registradas por Mumalá hasta el 19 de noviembre y 87 intentos de femicidio contabilizados, la movilización dejó un mensaje directo a los representantes provinciales: la discusión legislativa necesita convertirse en respuestas concretas. La emergencia todavía no fue aprobada y las organizaciones anticiparon que sostendrán la presión para que el tema avance en las próximas sesiones.
Fuente: Página/12



