El Gobierno aceptó dos renuncias en la Justicia: dejan sus cargos un juez federal de Santa Fe y una camarista laboral

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El gobierno de Javier Milei oficializó la salida de dos magistrados del Poder Judicial mediante decretos publicados en el Boletín Oficial. Se trata de Aldo Mario Alurralde, juez federal de Reconquista, y Andrea Érica García Vior, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. Las dimisiones se harán efectivas en diciembre de 2026 y febrero de 2027, respectivamente.

El Gobierno nacional oficializó la aceptación de dos renuncias dentro del Poder Judicial argentino, en una decisión que involucra a magistrados de fueros diferentes y jurisdicciones estratégicas. La medida fue formalizada mediante dos decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicados este miércoles en el Boletín Oficial. Los funcionarios judiciales que dejarán sus cargos son Aldo Mario Alurralde, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, y Andrea Érica García Vior, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.

La primera de las decisiones quedó establecida en el Decreto 1379/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia presentada por Alurralde. Su salida del juzgado federal de Reconquista se hará efectiva a partir del 1 de diciembre de 2026. El magistrado se desempeñaba al frente de ese tribunal, que tiene competencia sobre distintas causas federales en el norte de la provincia de Santa Fe. La formalización de su dimisión representa un movimiento institucional relevante para esa jurisdicción, que deberá reorganizar la conducción del juzgado y garantizar la continuidad de los expedientes en trámite.

La salida de Alurralde está vinculada con su próximo desembarco en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro había firmado el decreto correspondiente para designarlo como integrante del máximo tribunal provincial, luego de que su nombramiento obtuviera el acuerdo legislativo. El magistrado ocupará la vacante generada tras la renuncia de Rafael Francisco Gutiérrez, quien se desempeñó como ministro y presidente de la Corte santafesina. De esta manera, la dimisión del cargo federal constituye el paso administrativo necesario para asumir su nueva responsabilidad dentro del Poder Judicial provincial.

En paralelo, el Decreto 1380/2026 estableció la aceptación de la renuncia de Andrea Érica García Vior, quien se desempeña como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. Su alejamiento del cargo comenzará a regir el 1 de febrero de 2027. Se trata de un tribunal de importancia dentro del sistema judicial argentino, ya que interviene en la revisión de sentencias vinculadas con conflictos laborales, indemnizaciones, despidos, reclamos salariales y distintas controversias entre trabajadores y empleadores.

La salida de García Vior adquiere relevancia por el papel que desempeña la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la resolución de disputas entre empresas, trabajadores y organizaciones sindicales. Sus salas intervienen en causas que pueden tener consecuencias económicas y sociales significativas, especialmente en un escenario de modificaciones en las relaciones laborales y discusiones sobre los derechos de los trabajadores. La vacante que dejará la magistrada obligará a reorganizar el funcionamiento del tribunal y a establecer los mecanismos correspondientes para garantizar la continuidad de las causas que se encuentran bajo su competencia.

Ambas renuncias fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo, aunque los decretos no desarrollan públicamente los motivos personales o institucionales que llevaron a cada magistrado a tomar esa decisión. En el caso de Alurralde, su incorporación a la Corte Suprema santafesina permite identificar el destino institucional de su salida del ámbito federal. En cambio, respecto de García Vior, la información oficial se limita a comunicar la aceptación de su dimisión y la fecha a partir de la cual dejará de ejercer sus funciones. Las dos decisiones forman parte de los movimientos administrativos que periódicamente modifican la composición de los tribunales nacionales.

La apertura de estas vacantes también vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca de la cobertura de cargos judiciales y el funcionamiento de los mecanismos de designación de magistrados. La ausencia de jueces y camaristas puede generar dificultades en la distribución de expedientes, demoras en las resoluciones y una mayor carga de trabajo para los tribunales que deben asumir funciones adicionales. En el caso de Reconquista, será necesario garantizar la continuidad de las causas federales, mientras que en la Cámara del Trabajo deberá organizarse el funcionamiento de la Sala II una vez concretada la salida de su integrante.

Con estas decisiones, el Gobierno nacional formalizó dos cambios en la estructura judicial argentina que tendrán efectos en los próximos meses. Aunque se trata de renuncias individuales y con fechas de efectivización diferentes, ambas impactan en tribunales relevantes para la administración de justicia federal y laboral. La atención estará puesta ahora en los mecanismos institucionales que se implementen para cubrir las vacantes y evitar que los movimientos en la composición de los tribunales afecten los tiempos de respuesta de la Justicia.

Fuente: Noticias Argentinas

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